2018-05-28
Marcos Martínez, presidente de la Asociación de Bancos de México, reconoció que el nuevo protocolo de ciberseguridad o Nuevas Bases de Coordinación en Materia de Seguridad de la Información, firmado el jueves pasado, obliga a los bancos a informar a la CNBV la sospecha de un ataque cibernético, pero dejará en libertad a los bancos de informar o no a sus clientes.
En el caso de los cinco ciberataques de abril y mayo, de los tres bancos afectados sólo Banorte reconoció desde un principio que había registrado problemas en transferencias electrónicas, pero Inbursa y Banjército no informaron a su clientela.
Aunque no será obligatorio, Marcos Martínez informó que la ABM trabaja ya en nuevos protocolos de información, que son independientes al protocolo de ciberseguridad.
Explicó que la ABM contrató a empresas expertas en estos temas para que no sólo se informe a las autoridades a través del Grupo de Respuesta Inmediata que ya fue creado, sino para que también se fortalezca la información y la coordinación no sólo con las autoridades, sino también entre bancos.
Explicó que los bancos invierten anualmente 2,400 millones de pesos en seguridad y monitoreo cibernético y lo que se ha detectado es que generalmente este tipo de ataques inician en otro país antes de llegar a México por lo que hay forma de detectarlos.
NUEVA VICEPRESIDENCIA DE CIBERSEGURIDAD EN CNBV
Al respecto, Bernardo González, presidente de la CNBV, reconoció que sí había un retraso en la información que enviaban los bancos a las autoridades sobre un ciberataque. Cada banco estará ahora obligado una vez que se detecte un ataque o intento de hackeo, de informar a las autoridades que, a su vez, sin dar a conocer el nombre del banco o los bancos afectados, informarán al resto de los bancos para que se tomen las medidas de protección.
Informó que se creará una vicepresidencia de Ciberseguridad en la CNBV, que se encargará de supervisar los riesgos en materia de seguridad de la información y también de las fintech.
Además se fortalecerán los principios en materia de ciberseguridad firmados desde octubre pasado y las instituciones financieras tendrán que hacer un diagnóstico sobre las mejores prácticas en materias de ciberseguridad porque diario hay cientos de intentos de hackeo.
DÍAZ DE LEÓN, MAYOR INFORMACIÓN
El Premio Naranja Dulce es para el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León por el extenso informe que publicó sobre los ciberataques al sistema de interconexión al SPEI del proveedor de cinco instituciones financieras. Banxico reveló que fueron en total cinco los ataques registrados entre el 17 de abril y el 8 de mayo, reiterando que en ningún momento se afectó ni al SPEI, que demostró su fortaleza, ni a los cuentahabientes.
Banxico fue junto con la SHCP promotor del protocolo de ciberseguridad firmado el jueves pasado por todas las autoridades financieras y asociaciones que representan a intermediarios del sector para lograr una mayor coordinación y respuesta rápida ante delitos cibernéticos.
Otro avance importante en transparencia en Banxico, impulsada por Díaz de León, es que el próximo jueves 31 se publicará la minuta de la última reunión monetaria del Banco de México en la que, por decisión unánime, se mantuvo sin cambio la tasa en 7.5% y por vez primera conoceremos el nombre y el sentido de los votos de los miembros de la Junta de Gobierno. A partir de esta minuta, en caso de disentimiento de uno o más miembros de la Junta, conoceremos no sólo su identidad, sino la explicación del sentido de su voto.
FINANCIAMIENTO IRREGULAR EN LA CAMPAÑA DE EL BRONCO
El Premio Limón Agrio es para Jaime Rodríguez, El Bronco, quien se manifiesta a favor de cortarle la mano a los funcionarios corruptos y dar latigazos a los delincuentes. Sin embargo él mismo dista mucho de ser un ejemplo.
Primero por las irregularidades que se registraron en la recopilación de firmas que estuvieron a punto de evitar su participación en la contienda y el viernes la Comisión de Fiscalización del INE multó a El Bronco con 739 mil pesos porque se le acreditaron 12.8 millones de pesos de financiamiento irregular en la recabación de apoyos para su candidatura, realizada por funcionarios públicos del gobierno de Nuevo León; y por triangulación de recursos por parte de empresas.
