2021.03.26
Vía WRadio
Se trata de un padrón con huella dactilar, iris de los ojos, rostro, voz y firma, con el propósito de reducir los delitos de extorsión y secuestro.
La Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado aprobó la creación de un Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, con datos biométricos de las personas físicas y morales usuarias.
Se trata de un padrón con huella dactilar, iris de los ojos, facciones del rostro, tono de voz y firma, con el propósito de reducir los delitos de extorsión y secuestro.
Sin embargo, quedó pendiente el voto de los integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos para avalar el dictamen, debido a un empate previo para definir si las reservas presentadas se discutirían o no el pleno.
Según el dictamen avalado en la Comisión de Comunicaciones y Transportes, el registro en este padrón nacional será obligatorio para el usuario, quien deberá proporcionar identificación oficial, comprobante de domicilio y datos biométricos para la activación del servicio de la línea telefónica móvil.
El no registro o el registro extemporáneo en el padrón, será motivo de la cancelación definitiva de la línea telefónica y de una multa de 89,692 pesos.
Así, la mayoría de Morena en esta comisión dio el aval a la minuta remitida por la Cámara de Diputados, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
La información del padrón será confidencial y reservada en los términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares.
Según el dictamen aprobado este padrón contendría la siguiente información:
- Número de línea telefónica móvil
- Fecha y hora de la activación de la línea telefónica adquirido en la tarjeta SIM
- Nombre completo o, en su caso, denominación o razón social del usuario Nacionalidad
- Número de identificación oficial con fotografía o Clave Única de Registro de Población del titular de la línea
- Datos biométricos del usuario y, en su caso, del representante legal de la persona moral, conforme a las disposiciones administrativas de carácter general
- Domicilio del usuario
- Datos del concesionario de telecomunicaciones o, en su caso, de los autorizados
- Esquema de contratación de la línea telefónica, ya sea de pospago o prepago.
Los senadores de oposición se manifestaron en contra del dictamen, porque en sus términos incentivará la comisión de otros delitos como el robo de celulares suplantación de identidades, secuestro exprés y contrabando de chips.
El panista Julen Rementeria, dijo que esta ley afectará al 85 por ciento de los usuarios de sistema de prepago.
Su compañera de bancada Xóchitl Gálvez, afirmó que la iniciativa sufrirá un revés por su falta de asidero legal y jurídico.
“Ningún delincuente va a registrar su celular para delinquir. Si son rateros, pero no son tontos. Va a haber un contrabando de chips de Centroamérica sobre todo y, de Estados Unidos que van inundar el mercado de la delincuencia”.
El coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, anticipó que a esta ley le lloverán amparos para impugnarla.
“Veo acciones de inconstitucionalidad por cuanto a la propia competencia del IFT, al acceso a los datos personales, a la administración de ese padrón y después los amparos. ¿Saben contra quién van a promover los amparos?, contra los concesionarios, porque ya en la Sala de la Corte se ha dicho que quienes afectan derechos humanos, aún cuando no sean autoridades, para efectos de amparo se consideran autoridad responsable. Jurídicamente al menos no se ve que se sostenga. Aquí van a llover los amparos. Si hay amparos en la ley energética, esta va romper cualquier pronóstico”.
El priísta Ángel García Yáñez, reiteró que la norma como está es inconstitucional.
“En el grupo parlamentario del PRI vemos atinadamente que la medida que se presenta en esta iniciativa es inviable en los términos planteados. El Instituto Federal de Telecomunicaciones ha alertado sobre los altos costos que genera su implementación, estamos hablando más o menos de 109 millones en el primer año y 89 millones en los subsecuentes. Y que en nuestra opinión el planteamiento es inconstitucional”.
Según el dictamen el gobierno federal a través de las secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, así como los concesionarios deberán realizar campañas y programas informativos a sus clientes o usuarios para incentivar la obligación de denunciar el robo o extravío de sus equipos celulares o de las tarjetas SIM.
Así como para prevenir el robo de identidad y el uso ilícito de las líneas telefónicas móviles, así como en los casos que se trate de venta o cesión de una línea móvil.
