Fernando López Gutiérrez | El Heraldo | 14 de Septiembre 2015
La defensa de los derechos de las audiencias es uno de los temas más importantes en materia de radiodifusión, incluidos en la reciente reforma de telecomunicaciones. Su incorporación en el Capítulo IV de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión responde a la necesidad de establecer un mecanismo institucional claro para permitir que los televidentes y radioescuchas puedan hacer valer sus derechos frente a los emisores de contenidos audiovisuales, sin que se vulnere la libertad de expresión de estos últimos.
Mediante la implementación de normas y criterios específicos se pretende que las audiencias tengan la posibilidad de exigir servicios de radiodifusión apegados a los principios fundamentales como la no discriminación; el libre acceso a la información con pluralidad, oportunidad y veracidad; la libertad de expresión y difusión, el interés superior de la niñez, o el principio pro persona, entre otros. Se busca que, sin que exista una intervención directa de la autoridad —la cual podrían generar riesgos en el ejercicio de la libertad de los comunicadores— la sociedad pueda participar en las políticas y decisiones que se toman para presentarle determinada programación o contenidos.
En un contexto en el que no es posible asegurar que los medios actúen siempre bajo algunos principios éticos fundamentales y en el que las decisiones de no sintonizar una estación o un canal son insuficientes para incentivar el cumplimiento de dichos principios, se pretende dotar de capacidad a los ciudadanos para expresar sus observaciones, quejas, sugerencias, peticiones, señalamientos o reclamaciones respecto a la actuación de los concesionarios de radio o televisión en nuestro país.
Apenas hace unos días, el Instituto Federal de Telecomunicaciones dio por concluido el plazo para participar en la consulta pública sobre el Anteproyecto de Lineamientos Generales sobre los Derechos de las Audiencias, el cual constituye la base de la regulación que habrá de generarse para garantizar los aspectos señalados con anterioridad. Este ejercicio tuvo una participación de importantes sectores de la sociedad y recibió más de 60 documentos con opiniones puntuales respecto a las disposiciones que pretenden aplicarse en la materia.
Sin duda, la consideración de los diferentes planteamientos presentados en la convocatoria referida será fundamental para consolidar una propuesta que permita una defensa adecuada de los derechos de las audiencias. Se requiere de instancias con independencia y fortaleza que tengan la posibilidad de salvaguardar los derechos fundamentales de los televidentes y radioescuchas, de criterios y normas que permitan generar los cambios necesarios a los contenidos y programas que atenten contra los derechos básicos que tenemos como consumidores de servicios de radiodifusión.
El proceso que se lleva hoy a cabo puede ser el parteaguas para lograr un equilibrio adecuado entre la libertad de expresión de quien hacen la radio y la televisión y el respeto a los derechos de quienes recibimos sus contenidos. La atención que pongamos a estas importantes transformaciones es fundamental para generar los cambios cotidianos que nuestro país requiere.
