2018-10-05
Tan solo en 2017, las autoridades mexicanas hicieron 75,978 solicitudes a las compañías telefónicas para que ofrecieran información de sus clientes, como publicó El Economista en mayo pasado.
Los concesionarios y autorizados de telecomunicaciones reportaron haber recibido 146,523 solicitudes de acceso a datos conservados y de localización geográfica entre 2016 y 2017 y entregaron la información solicitada en 97% de los casos, de acuerdo con el informe ¿Quién no defiende tusdatos? de la Red en Defensa de los Derechos Digitales. Tan solo en 2017, las autoridades mexicanas hicieron 75,978 solicitudes a las compañías telefónicas para que ofrecieran información de sus clientes, como publicó El Economista en mayo pasado.
Un tercio de las solicitudes analizadas en el informe e R3D fue realizado por “autoridades no facultadas” para realizar acciones de vigilancia entre las que destacan los gobiernos del estado de Colima y del Estado de México, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Procuraduría Federal del Consumidor. En este rubro también entran aquellas solicitudes hechas por autoridades indeterminadas que, de acuerdo con la organización, potencialmente carecen de la facultad legal para realizarlas.
“Entre los años 2016 y 2017 datos como la ubicación geográfica, los números con los que se sostuvieron llamadas telefónicas y conversaciones mediante mensajes de texto, entre otros datos, de más de veintiséis mil usuarios fueron compartidos con autoridades no identificadas, potencialmente sin facultad legal para realizar dichos requerimientos”, refiere el informe.
Del lado de los operadores, el informe refiere que Telcel, Telmex, AT&T y Movistar son las empresas de telecomunicaciones que recibieron más solicitudes, pues “acumulan cerca del 99% del total”. Los casos de Telcel y Telmex, ambas controladas por América Móvil del magnate Carlos Slim, son un ejemplo de cooperación con autoridades, pues ambas entregaron 100% de las 116,616 solicitudes que recibieron y que representan más de 80% del total. AT&T recibió 11% de las solicitudes y entregó información en más de 60% de los casos y Movistar recibió 7.95% de las solicitudes y accedió en 80% de las veces.
En mayo pasado, cuando El Economista publicó que América Móvil había recibido casi 7 de cada 10 solicitudes decolaboración en 2017 —57,677 de las 75,978 registradas en este año—, con las que había colaborado en 100% de los casos, la compañía respondió a un cuestionario de este medio con una sóla frase: “Todo se contesta acorde a lo requerido o planteado en los lineamientos y al Título Octavo de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión”.
Violaciones sistemáticas a la privacidad
El informe de R3D sostiene que la información revelada sugiere violaciones sistemáticas al derecho a la privacidad y la protección de datos personales por parte de empresas de telecomunicaciones, al otorgar acceso a datos personales de los usuarios a autoridades no facultadas en el ejercicio de la vigilancia.
“La entrada en vigor de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) en 2014, supuso una ampliación considerable de las obligaciones de colaboración entre las empresas de telecomunicaciones y las autoridades en materia de seguridad y justicia. Los defectos y riesgos de dicha legislación al derecho a la privacidad de las y los usuarios han sido ampliamente documentados han sido objeto de un permanente, aunque insuficiente, debate público, e incluso han motivado importantes reformas y decisiones judiciales”, refiere el informe.
El informe analiza el cumplimiento de las obligaciones de transparencia que suponen los requerimientos de información, como la localización geográfica en tiempo real o el acceso a los metadatos de comunicaciones de los usuarios, que hacen las autoridades a las compañías de telecomunicaciones. Dichas obligaciones están contenidas en los Lineamientos de Colaboración en Materia de Seguridad y Justicia emitidos por el IFT.
“De dicho análisis, se desprenden reiterados incumplimientos de parte del IFT y se revelan patrones de conducta de algunos concesionarios que sugieren graves violaciones a la ley y a la privacidad de las y los usuarios de telecomunicaciones”, refiere el informe de R3D.