vía El Economista
El regulador de las telecomunicaciones sancionó a AT&T por incumplir con los mecanismos de intervención de comunicaciones privadas, como lo exige el artículo 190 de la LFTR. El asunto puede representar una multa de entre 1.1% y hasta 4% de los ingresos de AT&T. Los detalles se conocerán después del 10 de diciembre.
Esta versión agrega la postura oficial de AT&T, con el periodo de fechas relacionado con la sanción del IFT.
La telefónica AT&T no colaboró con el Gobierno como se supone que debe hacerlo en la intervención de comunicaciones privadas por motivos de seguridad y justicia. Se ha ganado una sanción del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
El órgano regulador del sector, el IFT, resolvió por unanimidad que AT&T incumplió con las obligaciones que le impone el artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), particularmente con las fracciones II y III.
La decisión del IFT significa una sanción económica para AT&T de algunos millones de pesos. El IFT está facultado para imponer sanciones de 1.1% hasta 4% de los ingresos del operador en el ejercicio correspondiente al incumplimiento (artículo 298 inciso C fracción V de la LFTR). “Recientemente se nos notificó sobre esta resolución, por lo que todavía estamos analizándola. Sabemos que este asunto está relacionado con un proceso debido a la demora en presentar algunos reportes en tiempo y forma durante 2017 y 2018. Al parecer, esta demora ocurrió en 9 de las 26,082 solicitudes que se presentaron a AT&T México durante ese período. Es decir, un retraso en el 0.03% de los casos”, informó AT&T a El Economista en una postura oficial.
La resolución del IFT (Instituto Federal de Telecomunicaciones) se tomó en la sesión de su pleno del 16 de noviembre pasado y el expediente P/IFT/161122/637 fue catalogado, primero, como “reservado” y luego, como público.
Más detalles de la resolución se conocerán después del 10 de diciembre, cuando se hagan públicas las transcripciones de la sesión, en la que participaron los cuatro comisionados del organismo: Ramiro Camacho Castillo, Javier Juárez Mojica, Arturo Robles Rovalo y Sóstenes Díaz González.
El artículo 190 obliga a las empresas de telecomunicaciones a guardar datos y metadatos de las comunicaciones de sus clientes para entregarlos a las autoridades de seguridad y justicia en caso de ser requeridos.
Las autoridades también pueden solicitar a las telefónicas la localización en tiempo real de las líneas de telefonía de sus clientes. Un incumplimiento de las telefónicas a entregar la geolocalización puede poner en riesgo la vida de una o varias personas.
Colaboración con autoridades
El artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) es parte de un capítulo titulado “De las Obligaciones en materia de Seguridad y Justicia”, en referencia a la obligación de las telefónicas de colaborar con el Gobierno registrando datos personales, metadatos de las comunicaciones de los usuarios de telefonía móvil y registrando el posicionamiento geográfico de las líneas de telefonía en tiempo real.
El conjunto Telcel-Telmex-Telnor —propiedad de América Móvil de Carlos Slim Helú— y AT&T —de origen estadounidense y dirigida en México por Mónica Aspe Bernal— son las operadoras que mayores solicitudes de colaboración reciben de las autoridades de seguridad y justicia.
En 2016, AT&T recibió 10,763 solicitudes de colaboración con las autoridades, de las cuales entregó información en sólo 54% de los casos (5,806 solicitudes rechazadas).
La triada de América Móvil, en cambio, recibió 57,677 solicitudes y entregó la información en el 100% de los casos, de acuerdo con los informes de transparencia del IFT solicitados por este reportero. El IFT dejó de recopilar esta información en 2018, dejando en la opacidad la contraloría sobre este mecanismo de intervención de las comunicaciones privadas en México.
“Para AT&T es muy importante cumplir con todas las leyes y obligaciones en los países en los que operamos, especialmente con aquellas relacionadas con la colaboración con la justicia. En este sentido, estamos constantemente invirtiendo para contar con los recursos necesarios que nos ayuden a responder en tiempo y forma a la gran cantidad de requerimientos que recibimos de las autoridades”, agregó la compañía en su postura oficial.
Un año después en 2017 América Movil recibió 57,677 solicitudes de colaboración con autoridades. Fueron casi siete de cada 10 solicitudes y la compañía colaboró en 100% de los casos, 16% del total fueron solicitudes realizadas por autoridades no identificadas.
AT&T recibió 11,554 requerimientos en 2017 y colaboró en ocho de cada 10.
