Atentan a la privacidad de usuarios

Entre 2016 y 2017 instituciones que no tienen facultades para solicitar datos sobre las comunicaciones privadas de los usuarios de telecomunicaciones, accedieron a la información de 40 mil 839 personas y sin que estuvieran enteradas de ello, lo que es una violación a los derechos humanos y a la privacidad.

Información como el destino de las llamadas telefónicas, la duración de las mismas, el destino de los mensajes cortos de texto, los números de identificación del chip y de los teléfonos celulares, además del historial de geolocalización de las personas, cayeron en manos de autoridades que no están facultadas por la ley, entre ellas se encuentran los gobiernos de Colima, del Estado de México, la SCT, Hacienda, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, y la Secretaría de Marina, entre otros, reveló una investigación de la asociación civil Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).

La Reforma de Telecomunicaciones ordena que las telefónicas conserven el historial de esta información hasta por dos años y las únicas autoridades facultadas para acceder a ellas mediante una orden judicial son la PGR, las procuradurías o fiscalías locales, la Policía Federal y el Cisen, con el objetivo de que las empresas colaboren con la justicia en el combate de delitos como el secuestro o situaciones que afecten la seguridad nacional.

Sin embargo, persiste la falta de transparencia en este asunto y el problema se agrava cuando al menos un tercio de la información fue entregada a “autoridades indeterminadas”, lo que significa que las telefónicas no aclararon a qué institución las entregaron y las registraron como “otros o diversos”, lo que deja el destino de esa información en el limbo. “No sabemos con certeza si son autoridades; no sabemos quiénes podrían ser esos ‘otros’”, dijo Luis Fernando García, vocero de R3D.

“El Estado está invadiendo la privacidad de sus ciudadanos de una manea sistemática, impune y está abusando de esa vigilancia. La gravedad y el riesgo es que es muy invasivo, tiene mucho poder sobre las personas que vigila y lo hace en secreto, sin que las personas se den cuenta”, dijo García.

Para R3D es un misterio por qué las telefónicas entregan información privada a autoridades no facultadas: “Puede ser porque no tienen un proceso de revisión legal de las solicitudes o que liberen la información ante cualquier autoridad y ellos se lavan las manos; nos han querido dar una explicación del por qué lo hacen”, dijo García.

Estas actividades pueden ser interpretadas como espionaje, dijo, situación que podría estar en línea con los 24 casos de infección de teléfonos con el software espía Pegasus contra periodistas.

Juan Manuel Casanueva, director de SocialTIC, ha mencionado que el tiempo durante el cual se utilizó Pegasus, demuestra la poca voluntad de las autoridades por investigar el abuso de estas herramientas.