Por unanimidad, la Asamblea Legislativa aprobó la noche del jueves con 81 votos un pliego de reformas a la Ley de Telecomunicaciones que busca, entre otros puntos, regular el mecanismo para asignar las frecuencias radioeléctricas y establecer un mecanismo alterno a la subasta, tal como lo ordenó la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Tanto legisladores como los concesionarios, quienes ayer llegaron a la comisión ad hoc que analizó las enmiendas, consideraron que las mismas cumplen con el fallo del máximo tribunal de justicia, y destacaron que el proyecto cuenta con el consenso de todos los sectores, tanto público, privado y comunitario.
Uno de los temores que había mostrado la oposición era que el ente regulador, la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget), establecería una vigilancia sobre los medios y sus contenidos, pero al final quedó claro en el proyecto de reforma que sólo ejercería un “monitoreo” de carácter técnico.
En tanto, las enmiendas incluyen que la forma en que serán asignadas las frecuencias será determinado por la Gerencia de Telecomunicaciones de la Siget, tomando en cuenta el público objetivo y el sector que esté buscando una frecuencia en el espectro radioeléctrico, explicaron los actores que trabajaron en las enmiendas.
Por ejemplo, uno de los nuevos mecanismos será el concurso, que podrán en primer plano no la capacidad económica del medio, sino la propuesta comunicacional que presente y su atractivo para el público objetivo.
En ese sentido, el proyecto también incluye la modalidad en que los concesionarios pagarán las tasas por cada frecuencia, eximiendo del pago a los medios comunitarios, religiosos y públicos. En ese sentido, el pago para los medios públicos será de forma progresiva, dependiendo de la frecuencia en que estén ubicados.
De acuerdo con el presidente de la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER), José Luis Saca, señaló que dichas reformas brindan certeza jurídica para los próximos 20 años.
“Con esta reformas no solo se está garantizado la seguridad jurídica sino la libertad de expresión. Ha quedado una propuesta bastante clara, que no da lugares a interpretaciones sino que es técnico”, dijo.
Asimismo, señaló que se debe dotar a la Siget de los mecanismos necesarios para que inicie la transición del sistema de comunicación análogo al digital.
La comisión ad hoc que analizó las reformas decidió ayer concluir en análisis del nuevo articulado, por lo que luego fue convocada durante la plenaria para elaborar el dictamen respectivo y estampar las firmas de los legisladores.
Diputados de distintas bancas destacaron que el proyecto surgió de un amplio consenso entre concesionarios, partidos políticos y el ente regulador. A juicio de la farabundista Blanca Coto, titular de la Siget, será de impacto para los salvadoreños.
Telefonías, inconformes
La única de las legisladoras que puso algunos reparos al proyecto fue la arenera Karla Hernández, pues aseguró que en las reformas se afectará al sector de las telefonías. Según dijo, el documento pude ser nuevamente declarado inconstitucional por la Sala de lo Constitucional de la CSJ.
Johanna Hill, directora ejecutiva de Casatel, que aglutina a empresas de telefonía, sostuvo que no tuvieron el tiempo necesario para poder dar sus puntos de vista sobre las enmiendas, y agregó que las mismas tocan “aspectos medulares” de las operaciones de las empresas de telefonía. “La reforma afectará directamente al a telefonía. Una serie de principios que no vemos con claridad, (se va a) reformar el mecanismo de concesión para todos los sectores incluyendo la telefonía y se crean mecanismos que no quedan muy claros de cómo van a funcionar”, declaró.
