Daniel Venegas | Milenio | 22 de Septiembre 2015
Además de la amenaza de que el reciclaje de baterías de plomo-ácido usadas esté generando contaminación en México, existen programas gubernamentales, como la entrega de televisiones digitales por el apagón analógico, que han causado alarma en grupos ecologistas, pues los aparatos en desuso representan un peligro para la salud por los componentes plásticos que contienen retardantes de flama bromados y el vidrio de los tubos de rayos catódicos con óxido de plomo.
La instancia encargada de la supervisión ambiental, en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, analiza una acusación contra el gobierno mexicano por posibles violaciones de acuerdos internacionales, como el Convenio de Basilea, por la contaminación con óxido de plomo que generará el inadecuado tratamiento de los televisores analógicos que serán desechados por el cambio a la televisión digital.
El secretariado de la Comisión para la Cooperación Ambiental recibió en agosto una petición en la que se asevera que México está incurriendo en omisiones en la aplicación efectiva de la legislación ambiental en lo relativo al manejo y disposición final de televisores desechados por el llamado apagón analógico.
Esa misma instancia advirtió en 2013 el aumento en la frontera norte de plantas de fundición secundaria para el reciclaje de baterías de plomo-ácido usadas y la necesidad de fortalecer la ley mexicana en la materia.
En el caso de los televisores, cinco peticionarios, que solicitaron no ser identificados, señalan en un documento, del cual MILENIO tiene una copia, que el Programa Nacional para la Gestión Integral de los Televisores Desechados por la Transición a la Televisión Digital Terrestre es “irrealizable”, además de que “no es preciso, suficiente, apegado a la realidad, efectivo, ni congruente con los tiempos apropiados para su instrumentación”.
Detallan que existen dos tipos de contaminantes contenidos en los televisores de señal analógica que son los que más les preocupan los componentes plásticos conteniendo retardantes de flama bromados y el vidrio de los tubos de rayos catódicos conteniendo óxido de plomo.
El óxido de plomo, explica el documento, “es la substancia que más nos preocupa, dadas las cantidades que pueden quedar esparcidas en el ambiente”.
Consideran que cada aparato desechado puede tener 1.96 kilos de óxido de plomo y tomando en cuenta el universo total de televisores analógicos en México “calculamos un total de toneladas de óxido de plomo de 67 mil 319, que pueden quedar esparcidas sin control”.
En tanto, el secretariado analiza la petición para determinar si cumple los requisitos de admisibilidad establecidos en el Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte.
El documento señala que de acuerdo con la encuesta anual 2014 del módulo sobre “Disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares”, hecha por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, se calcula que en ese año en México había 34 millones 384 mil televisiones analógicas, de las cuales 20 millones 675 mil eran de señal abierta, mismas que perderán señal con el apagón analógico y alrededor de 10 millones de aparatos se reparten para la transición a la televisión digital.
Reconocen que es difícil saber si los propietarios de televisores analógicos decidirán contratar televisión por cable, comprarán un decodificador para seguir utilizando el aparato o van a “guardar, vender o tirar a la basura” su televisión.
Debido a la entrega de televisores por parte de Sedesol, “el desecho de aparatos analógicos, ya sea enteras o en partes no comercializables, puede ser entre 34.4 y 20.7 millones en un corto periodo”.
Los peticionarios establecen que la exposición al plomo es responsable de 0.6 por ciento de las enfermedades en el mundo, especialmente en las regiones en desarrollo.
“El plomo afecta múltiples sistemas del cuerpo incluyendo los neurológicos, hematológicos, gastrointestinales, cardiovasculares y renales. Aún con bajos niveles de exposición relativa se pueden causar serios daños, en ocasiones irreversibles”, alertan.
Recuerdan que desde 1991 México ratificó el Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación.
Establecen que es preocupante la posible violación a ese convenio dado que en el Programa Nacional para la Gestión Integral de los Televisores Desechados por la Transición a la Televisión Digital, no se especifica con precisión el destino final de cada uno de los componentes de los aparatos.
Entre los argumentos para la petición destaca que en el programa para los televisores desechados se señala que su objetivo central es proteger la salud y evitar la contaminación ambiental mediante un esquema de responsabilidad compartida entre los tres niveles de gobierno y la sociedad.
Las estrategias para lograr ese objetivo está el establecer mecanismos de cooperación entre autoridades federales, estatales y municipales; campañas de difusión, informar e incentivar a la población a entregar los televisiones analógicas en centros de acopio para su correcto manejo, instalar centros de recolección y hacer eventos con ese fin; establecer alianzas con organizaciones civiles, cámaras, asociaciones industriales y suscribir acuerdos con empresas con experiencia en el reciclaje de esos materiales.
“La realidad es que no son del conocimiento público ni los convenios de coordinación entre los órdenes de gobierno, ni las estrategias de difusión. Sobre las alianzas con las organizaciones civiles, aunque se ha hecho mención del acercamiento por parte de la Sociedad Mexicana de la Ciencia y Tecnología Aplicada a Residuos Sólidos, con la propuesta de coadyuvar con el gobierno federal con un programa de gestión responsable, la respuesta no ha sido positiva por parte de la autoridad”, señala la petición para que intervenga el secretariado.
Indica también que el programa nacional establece que corresponde a los estados llevar a cabo campañas de difusión sobre los riesgos del manejo inadecuado, instalar y operar almacenes temporales de televisores analógicos y trasladarlos a plantas recicladoras, además de que los municipios deberán transportar los televisores depositados en basureros o abandonados a los centros acopio, instalar y operar esos centros y trasladarlos a almacenes temporales.
Señala que incluso el programa prevé mecanismos de incentivos y sanciones en caso de incumplimiento de esas normas.
No obstante, sostienen que “todo lo anterior es irrealizable al no haber ni información, ni coordinación, ni recursos por parte de la Federación para las autoridades estatales y municipales para operar el programa”.
Monitoreo de polución
A pesar de que el gobierno se ha comprometido a medir las emisiones de contaminantes, como el plomo en la atmósfera, una mala selección de las empresas de monitoreo puede ocasionar el incumplimiento de esas metas, aseguró la directora de la organización Fronteras Comunes, Marisa Jacott.
Explicó que como parte de las recomendaciones del secretariado, emitidas en 2013 como parte de un estudio sobre los riesgos de la contaminación en la frontera norte generada por el reciclaje de batería de plomo-ácido usadas, se determinó realizar tal medición.
Dijo que la instancia encargada de llevar a cabo el monitoreo es el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, órgano desconcentrado de la Semarnat, y que hasta el momento se ha negado a transparentar ese proceso.
También llamó a las distintas empresas fundidoras secundarias que operan en el país a que aporten la información sobre sus emisiones, a través del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes operado por la Semarnat.
