vía El Independiente.
La llamada Red Compartida es un proyecto técnicamente muerto por más buenas y grandes sean la intensiones de la actual administración por extender los servicios de internet a zona pobres y alejadas del país: al contar con sólo la banda de 700mhz y sin recursos para obtener más espectro radioeléctrico, Altán que ahora preside Anthony McCarthy queda lejos del estándar y capacidad que tienen los operadores comerciales como Telcel, AT&T o Movistar que para los servicios de 4G y 5G adquirieron bloques en 1.7Ghz, 1.9GZ, 2.1Ghz y 2.5Ghz con los que pueden ofertar servicios de conectividad continua de banda ancha para datos y video… pero aun así, siendo un proyecto de manufactura panista, es objeto de un multimillonario rescate por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Y es que con ese abanico de espectro radioeléctrico, parece improbable que las compañías dirigidas por Daniel Hajj, Mónica Aspe y Camilo Aya, respectivamente, quieran subirse al “Carrier de Carrier”, o que este pueda competir con este. Tampoco parece probable que por esa limitación de capacidad, los exitosos operadores terrestres como TotalPlay que dirige Eduardo Kuri e Izzi al mando de José Antonio González Anaya, se suban de manera masiva a la red de Altán para distribuir su tráfico móvil o de última milla.
En otras palabras, el modelo de negocios mono-frecuencia de Altán parece destinado a otro y costoso revés comercial… y que tal vez perviva su área de servicio social una vez que este se traslade a CFE Telecom.
¿De dónde vino el modelo de Red Compartida?
Recién había ganado con holgura la presidencia de la república Enrique Peña Nieto en 2012 cuando, en una de sus primeras acciones de gobierno lanzó el Pacto por México para sumar a los principales partidos de oposición, el de La Revolución Democrática y Acción Nacional, para crear una agenda conjunta de reformas legislativas llamadas “Reformas Estructurales” que en harían “Mover a México”.
En una de las primeras reuniones programáticas para el Pacto por México con el equipo de transición Peñista, una de las posiciones que se comenta presentó Santiago Creel y Juan Molinar Horcasitas (quien bajo el gobierno de Felipe Calderón fue secretario de comunicaciones y transportes), fue la de construir una Asociación Público-Privado con la banda de 700Mhz que dejaría libres la transición de televisión digital a analógica.
Como ya se documentó en estas páginas, fue el asesor de Molinar Horcasitas, Mony de Swaan (que fuera su presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones) quien presuntamente por recomendación de Banco Mundial presentó el documento “Proyecto Red Abierta de Cobertura Nacional” -catalogado como documento reservado- que consideraba edificar una red de 1,500 kilómetros de fibra óptica y 100 mil kilómetros de anillos interurbanos y 8 mil antenas inalámbricas estratégicamente ubicadas para llevar internet a 93% el territorio nacional con una inversión de 3,100 millones de dólares y que se podría implementar en un plazo de 2 a tres años en asociación con un operador privado.
La dichosa recomendación iba a contrapelo de la tendencia seguida en América y Europa Occidental, la de vender espectro radioeléctrico a los operadores privados dada su flexibilidad para adaptarse rápidamente a los cambios en las tecnologías digitales y móviles asumiendo ellos mismos el riesgo comercial de acertar o fracasar.
Pero hasta donde se sabe, la recomendación panista no fue tan neutra ni pura. En 2011 la entonces Cofetel contrato en 100 millones de dólares a la consultora McKinsey un documento de poco más de 100 páginas (a casi millón de dólares la página) para fundamentar la formación de la Red Compartida; para ello se usaron recursos del Fondo de Cobertura Social, lo cual se convirtió en todo un escándalo en la industria en las postrimerías del calderonato… y que pasó, casi íntegro, a los planteamientos de Acción Nacional para sumarse al Pacto por México. Y todavía más sospechoso: funcionarios que hace 11 años laboraban en esa comisión recuerdan que un documento similar al comprado a McKinsey ya figuraba en los archivos de dicha institución.
Y para agregar más condimento a esta historia: uno de los socios de Altan fue un abogado, Miguel S. Escobedo, del despacho Noriega y Escobedo, que junto con la firma Hasan, tomaron 9.35% de las acciones. Bueno, además, Bernardo Sepulveda, hoy expresidente de Altan tras el rescate de gobierno y proveedores, era consejero del despacho de Abogados de abogados Creel, García Cuéllar, Aiza y Enríquez.
Algo más que 50 mil millones de pesos
Aquí ya le platicamos que la banca de desarrollo salió trasquilada de Altán con cerca de 900 millones de dólares y otro tanto los proveedores, por lo que los pasivos en quebranto suman arriba de 32 mil millones de pesos. Sin embargo, esa no es toda la pérdida para el estado Mexicano.
Un cálculo general (comparado con la banda de 800mhz) de los derechos que debía pagar durante 7 años el uso de la banda de 700Mhz aportada por el estado mexicano a Altan, podría estar sumando cuando menos otros 20 mil millones de pesos en derechos que no fueron recaudados. Y sí a ello se considera que el precio de transferencia en esa sociedad fue de 10% del valor comercial de esa frecuencia (el subsidio fue de 90%) el impacto general incluido costos de oportunidad se acerca a los 60 mil millones de pesos que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene ante sí.
Y aun así, el primer director de Altan, Eugenio Galdón, tuvo el cinismo de pedir otro tipo de subsidios que, afortunadamente, no le fueron concedidos. Ya le platicaré.
@mfloresarellano
