2020.02.26
Con el objetivo de disminuir las llamadas de extorsión al interior de las cárceles capitalinas, autoridades penitenciarias trabajan en la creación de un banco de voz de reos, para el que se instalarán cabinas especiales en cada uno de los centros penitenciarios, el cual se espera que empiece a operar este año.
Así lo informó el titular de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, Antonio Hazael Ruiz, en una mesa de trabajo realizada en el Congreso local, donde comentó a los legisladores que la extorsión telefónica se da principalmente por el anonimato, de ahí la importancia de identificar las voces de los internos.
EL DATO: Según autoridades del Estado de México, 80 por ciento de las llamadas de extorsión que se reciben en la entidad se hacen desde cárceles de la Ciudad de México.
Detalló que ya se trabaja en los protocolos de este programa para garantizar su incorruptibilidad. Además, se requerirá de un andamiaje jurídico sólido para respaldar su operación, por lo que solicitó la colaboración de los diputados en la creación de la normatividad correspondiente.
El funcionario añadió que se grabará la voz del total de la población penitenciaria que consta de casi 25 mil internos, empezando por las personas que están procesadas o sentenciadas por el delito de privación ilegal de la libertad y que será un registro obligatorio, como actualmente son las fotografías y las huellas dactilares.
“Tenemos ya los protocolos, tenemos la mayoría de los equipos, se está capacitando a la gente, ya nada más nos falta tener el andamiaje jurídico para empezar a realizarlo como uno más de los registros del sistema penitenciario”, indicó.
Ruiz aseguró que, una vez que se ponga en marcha, la Ciudad de México será la primera en usar esta herramienta que no sólo ayudará en el tema de extorsiones, sino también en el de secuestros y un sinnúmero de delitos.
“Tenemos ya los protocolos, tenemos la mayoría de los equipos, se está capacitando a la gente, ya nada más nos falta tener el andamiaje jurídico para empezar a realizarlo como uno más de los registros del sistema penitenciario”
Antonio Hazael Ruiz
Subsecretario del Sistema Penitenciario
Sobre el uso de celulares en las cárceles reconoció que es un problema grave, en el que hay actos de corrupción en las aduanas de los centros penitenciarios, ya que las incautaciones se hacen cuando están en poder de los reclusos; es decir, que no se detectan al momento de ingresar.
“Hoy los celulares se decomisan al interior de los dormitorios y pocos en las aduanas, tendría que ser exactamente al revés. En conclusión: creo que sí es un tema que es responsabilidad directa de un servidor y del sistema penitenciario evitar que se cometan actos delictivos desde el interior de los centros penitenciarios y no puedan contar con telefonía celular”, refirió.
Incluso, dio a conocer que sus superiores le han llamado la atención por estos temas: “yo voy a reuniones y se me llama la atención, me dicen ‘cómo es posible que estén saliendo siete mil llamadas de tal número’. Evidentemente hay un tema de corrupción, hay alguien que está dejando que sean usados y contra eso estamos”.
Además, expuso que hay fallas técnicas de los inhibidores de llamadas de celulares en las cercanías de los centros penitenciarios y, por ejemplo, “frente al penal de Santa Martha Acatitla hay una antena repetidora —de una compañía de celulares— y ya los expertos me explicaron que no existe ningún inhibidor que pueda bloquear las llamadas que emite dicha antena”, por lo que, añadió, el tema de los aparatos también es de corresponsabilidad con las empresas concesionarias de telefonía.
Respecto de la fuga reciente de reos, tema que motivó la mesa de trabajo, el subsecretario afirmó a los diputados que nadie les dice de qué grupo delictivo son los detenidos por delincuencia organizada que envían a los centros penitenciarios capitalinos.
En entrevista posterior, aclaró que las autoridades locales sí sabían a qué cártel pertenecían los reos fugados y por ello se tomaron medidas en torno a su vigilancia, lo que falló fue que hubo corrupción al interior del penal. Además, dijo que ayudaría mucho si las autoridades federales, desde un inicio, les indicaran a las locales sobre los grupos delictivos a los que pertenecen los procesados por delitos federales.
Detalló que el Gobierno de la CDMX, a través de la subsecretaría a su cargo, ha solicitado en esta administración 418 traslados de reos considerados de alta peligrosidad a cárceles federales, de los que se han autorizado 271 y 85 están pendientes de responder. Sin embargo, otras 108 personas fueron enviadas de cárceles federales a locales, gracias a que los abogados de los reos consiguen amparos.
Las solicitudes se deben a que los reos en cuestión son de alta peligrosidad, implicados con delincuencia organizada y delitos contra la salud.
