Alberto González | El Sol de México | 13 Agosto 2015
La Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal acusó ayer que las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y la de Desarrollo Social federales violen el uso y protección de datos personales y biométricos de los capitalinos a cambio de entregarles una pantalla digital, en el marco de la transición a la televisión digital terrestre.
Durante la sesión, Ariadna Montiel, presidenta de la Comisión de Gobierno, presentó la propuesta y acusó que en un procedimiento totalmente irregular, los beneficiarios de ese programa son sometidos a un fichaje en el que son tomadas las huellas de todos los dedos, se escanea la credencial de elector, el registro del domicilio, teléfono, y una fotografía.
En este sentido, pidió a dicha dependencia informen la razón por la que piden dicha información, ya que sostuvo que eso violenta la “secrecía” (sigilo) de datos personales y despierta dudas sobre su uso electoral a favor de un partido político.
Y es que, no solamente en el Distrito Federal se “ficha” a quienes reciben la pantalla, sino también en el Estado de México, como oportunamente lo documentó EL SOL DE MÉXICO.
Ante esto, la legisladora tachó de “preocupante e indignante que siendo beneficiarios de los programas de la Sedesol (dependencia que tiene la obligación de proporcionar su padrón a la SCT para dar cumplimiento al Quinto Transitorio de la Reforma Constitucional y al propio Programa de Trabajo del 13 de mayo de 2014) se estén vulnerando los derechos esa gente que ya cumplió con los requisitos establecidos y se aproveche para obtener mayores datos personales y de identidad como es el caso de sus huellas dactilares.
Al considerar que esas dependencias federales incurren en una actividad injustificada, la Diputación Permanente condenó al hecho y solicitó a la Secretaría de la Función Pública y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, llegar a fondo en la investigación de estos eventos, y solicitó además a la Secretaría de Desarrollo Social suspender inmediatamente la entrega de televisores bajo esas condiciones, así como presentar uno padrón de quiénes han sido beneficiados del mismo.
Sobre el tema, el asambleísta perredista, Alejandro Ojeda, advirtió el riesgo de un manejo electoral a favor del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por lo que en los resolutivos de dicha iniciativa las autoridades pertinentes deben investigar y en su caso, “tipificar como delito el proceso de entrega de los aparatos”.
Opinó que no existe ninguna justificación jurídica para que se les tenga que pedir a los beneficiarios su credencial de elector ni mucho menos que se les escanee, lo que abre la suspicacia de que se trate de una acción que pudiera usarse con tintes electorales.
Sería grave, indicó, que ese programa se utilice para “sacar raja política” o manipularlos en próximas elecciones.
Precisó que también debe quedar claro que la entrega de televisores digitales no representa una graciosa concesión del Gobierno federal, sino que obedeció a varios factores que no hay que dejar de lado. “La modernización digital se topó con una población mayoritariamente pobre que no tenía los recursos para comprarse una televisión digital; ello producto de las políticas económicas que mantienen a más del 50 por ciento de la población en la pobreza”, precisó.
Finalmente, añadió que “la entrega de esos televisores está prevista en el presupuesto federal que aprobó la Cámara de Diputados, y los recursos forman parte de los impuestos que pagan los mexicanos, por lo que ni el Gobierno Federal ni ningún partido político en particular pueden agenciarse como un mérito propio la entrega de estos aparatos electrónicos”, finalizó.
