vía El Economista.
Las diferencia ideológicas y las pugnas electorales han quedado al margen. Parlamentarios de las tres principales fuerzas políticas acordaron en la Comisión Permanente hacer un frente común. El compromiso es legislar a la brevedad, sin regateos ni pretextos; sin intereses partidistas ni personales, para hacer frente al flagelo del feminicidio que tanto afecta al país. Según cifras oficiales que ayudan a dimensionar el problema, de 2015 a 2022 se han registrado más de 6,000 víctimas de feminicidio, los cuales están concentrados en siete entidades del país.
La indignación de la sociedad civil es compartida por los actores políticos. Ha llegado el tiempo para abordar las causas fundamentales del feminicidio y recorrer las opciones políticas al alcance de los legisladores para prevenir la violencia contra las mujeres y castigar la violencia machista.
El punto de partida es la docuserie que muestra la historia de Andrés Mendoza Celis, un asesino serial de Atizapán, que durante décadas violentó a una infinidad de mujeres. La serie realizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo la producción de Javier Tejado Dondé, tuvo un alcance de 27.6 millones de personas durante su transmisión en la televisión abierta.
Y ayer, durante un foro realizado en el Senado de la República, el ministro presidente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, expuso las razones por las que optaron por este medio para visibilizar un problema lacerante: el objetivo no era solo tener alto rating, sino llevar a cabo un planteamiento al Legislativo para enfrentar este problema. Y así ocurrió.
Zaldívar presentó un proyecto de iniciativa de Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el feminicidio en el país. Como parte de esto se plantea modificar el artículo 73 fracción 21 inciso A, para determinar con más precisión el tipo de feminicidio y las sanciones correspondientes. Esto, en parte, también, para atacar uno de los grandes problemas al que se enfrentan las legislaturas en el país, la disparidad de criterios jurídicos, que varían de estado a estado, lo que propicia que no se atiendan de manera eficiente los feminicidios.
La presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, anunció que buscarán legislar —con carácter urgente y prioritario— un paquete de iniciativas para castigar los feminicidios y así cerrar el paso a la violencia contra las mujeres.
La propuesta del ministro presidente se suma a otras que ya se tramitan en la Cámara alta. La más reciente es una iniciativa firmada por las senadoras Sánchez Cordero y Gloria Sánchez Hernández, del grupo parlamentario de Morena, que propone una pena mínima de 40 años de prisión a los perpetradores de estos crímenes, así como la pérdida de la patria potestad, la tutela, la custodia y los derechos sucesorios.
La presidenta del Senado refirió al caso de una mexicana que fue víctima de violencia en Bélgica, a manos de su pareja de origen holandés.
La ofensiva contra la violencia machista será binacional. La próxima semana, el Mexico Institute del Wilson Center lanzará la iniciativa Engerendig Safety, para arrojar luz sobre las causas fundamentales del feminicidio y explorar las opciones políticas disponibles para mitigar el problema.
Su primer evento será la exhibición de la docuserie de Javier Tejado en Washington D.C., al que seguirá una conferencia magistral del ministro presidente de la SCJN y un panel de expertos en el que se debatirán los factores que contribuyen al aumento de las tasas de feminicidio en México, así como las medidas disponibles para los funcionarios del gobierno y los líderes de la sociedad civil para abordar y reducir la violencia de género.
