Un comunicado del Senado el pasado 7 de septiembre anunció que Adriana Labardini, parte del pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) funge como la nueva comisionada presidenta del instituto. Este comunicado fue confirmado por el IFT el 11 de septiembre, así que por primera vez en la historia del organismo, será presidido por una mujer.
Este asunto, que normalmente sería únicamente de interés para la industria de las telecomunicaciones, podría tener consecuencias importantes para la sociedad al tener bajo su dirección al organismo regulador de una de las más importantes partes de la sociedad: las telecomunicaciones.
Comencemos por lo básico. La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) establece en su artículo 20 que el comisionado presidente es parte del pleno de siete miembros del IFT y tiene quince facultades, entre las que se encuentran las siguientes:
– Actuar como representante legal del Instituto
– Promover controversias constitucionales
– Dirigir y administrar los recursos del IFT
– Convocar y conducir las sesiones del pleno del IFT
– Proponer el nombramiento del titular de la autoridad investigadora, del – secretario técnico del pleno y demás funcionarios que señale el estatuto orgánico
– Proponer anualmente el anteproyecto de presupuesto del IFT
– Presentar el proyecto del programa anual de trabajo
La comisionada presidenta tiene en sus manos el control administrativo y el poder jurídico del instituto. En su oficina se construye buena parte de la agenda de telecomunicaciones del país, así como las decisiones que se convierten en política pública para el sector. Más aún, tras la reforma de las telecomunicaciones en 2013, buena parte de estos poderes no tienen contrapeso debido a que la suspensión de sus medidas por juicio de amparo no aplica a sus decisiones.
Hasta el 11 de septiembre el comisionado presidente del IFT fue Gabriel Contreras. Egresado de la Escuela Libre de Derecho, toda su carrera profesional anterior al IFT la hizo en Presidencia de la República durante la administración de Felipe Calderón, primero como consejero de consulta y estudios constitucionales y luego de control constitucional y de lo contencioso. A diferencia de su antecesor, Gabriel Contreras es un personaje de bajo perfil, sin cuentas en redes sociales y que sólo aparece en algunos eventos del sector de las telecomunicaciones.
Su presidencia en el IFT no estuvo exenta de polémica, pues le tocó proponer la implementación de las medidas asimétricas contra el agente económico preponderante de las telecomunicaciones (AEP) con resultados discutibles: el AEP sigue teniendo una acusada predominancia en el mercado e incluso bajo la administración de Contreras se le autorizó hacerse de espectro en la codiciada banda de los 2.5 Ghz a despecho del desequilibrio que causará en la competencia en el sector.
Otro de los aspectos controversiales de la presidencia de Contreras fue la organización de las primeras licitaciones de concesiones para operar estaciones de televisión abierta y radio. En el caso de la licitación de televisión, esta quedó trunca tras el retiro del ganador de una de las cadenas y en la licitación de radio, una empresa llamada Tecnoradio terminó empañando el proceso licitatorio al haberse revelado la relación de sus dueños con funcionarios del sector telecomunicaciones, lo cual hizo que la empresa dejara de pagar 37 frecuencias, es decir, una quinta parte de las frecuencias asignadas.
El mandato de cuatro años de Gabriel Contreras como comisionado presidente del IFT concluyó formalmente este 10 de septiembre. De acuerdo con el artículo 28 constitucional, tenía la posibilidad de prorrogar su mandato por cuatro años, con la aprobación de dos terceras partes de los miembros del Senado. Sin embargo la comisión de Comunicaciones y Transportes no decidió en torno a este tema, dejando que entrase en vigor una provisión contenida en el artículo 19 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión donde establece que en su ausencia, quien asumirá el rol es el comisionado con más antigüedad, en este caso, Adriana Labardini.
Gabriel Contreras deja tras de sí un saldo poco favorable a la competencia. Contando con herramientas inéditas, incluyendo un blindaje jurídico que no tiene organismo alguno del Estado mexicano, así como un presupuesto de más de 1,900 millones de pesos. Pese a una campaña publicitaria que busca mostrar al IFT como único responsable de los resultados de la reforma en telecomunicaciones, tenemos entre manos un agente económico preponderante con el poder para revertir decisiones regulatorias escritas en las leyes vía amparos interpuestos ante el Poder Judicial, afectando a toda la industria de las telecomunicaciones.
Ese fue el legado del primer comisionado presidente del IFT.
