2018-07-17
El Instituto Federal de Telecomunicaciones es desde 2013 el órgano rector en este sector crítico para el funcionamiento de la sociedad. Las decisiones tomadas por el instituto, organismo gobernado por un pleno de siete comisionados, se reflejan lo mismo en la cantidad de estaciones de radio disponibles en una ciudad que en los precios que las empresas de telecomunicaciones cobran a sus suscriptores. La nueva administración presidencial tendrá la capacidad de influir en la estructura del IFT, así como el control de organismos y proyectos estratégicos para las telecomunicaciones del país.
El 11 de junio de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un acuerdo con cambios constitucionales al marco jurídico de las telecomunicaciones. Una de tales modificaciones al artículo 28 constitucional estableció la creación del IFT como organismo “que tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones”. Entre las atribuciones de IFT se encuentra la realización de licitaciones de espectro radioeléctrico para servicios de telecomunicaciones y radiodifusión que la determinación de medidas contra grupos económicos que a su juicio tengan una influencia desmedida en el sector. Sus decisiones no serán sujetas de suspensión judicial y sólo podrán ser impugnadas por medio de la figura del amparo indirecto.
Cada uno de los siete comisionados del pleno en el IFT dura nueve años en el cargo sin posibilidad de reelección y es designado por un mecanismo que inicia con una convocatoria emitida por un comité de evaluación conformado por los titulares del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el Banco de México y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Este comité realiza un listado de entre tres y cinco aspirantes que se envía al presidente, quien elige un candidato y lo propone al Senado, quien a su vez ratifica o rechaza el candidato propuesto por el titular del Poder Ejecutivo. Sin embargo, debido a que el IFT cobró vida en el año 2013, el transitorio sexto de la reforma constitucional estableció que la primera generación de comisionados electos ese año “concluirán su encargo el último día de febrero de los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022”.
Así, la entrante administración presidencial participará en la selección de cuatro comisionados del IFT: María Elena Estavillo, cuyo mandato concluye en 2019, Gabriel Contreras en 2020, Mario Fromow en 2021 y Adolfo Cuevas en 2022. Si a esto sumamos que la coalición del gobierno entrante, conformada por los partidos Morena, PT y PES contará con más de la mitad de los legisladores en el Senado, es muy probable que las propuestas enviadas por el presidente sean aprobadas sin mayor complicación. De hecho, hacia fines del verano el comité de evaluación deberá emprender la convocatoria para la selección de la terna para sustituir a la comisionada Estavillo, cuyo mandato concluye en febrero del año que viene.
Pero el IFT no es el único organismo donde la siguiente administración tendrá una incidencia directa. Dependencias como la Subsecretaría de Comunicaciones, el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (Promtel) y la empresa paraestatal Telecomunicaciones de México (Telecomm) tienen titulares nombrados directamente por el Poder Ejecutivo. Y no son organismos menores; dentro de la Subsecretaría de Comunicaciones radica la Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento (CSIC) encargada de gestionar el programa México Conectado que incluye alrededor de 67 mil sitios de acceso público a internet en escuelas, bibliotecas y edificios públicos en todo el país.
Promtel supervisa el despliegue de la Red Compartida que inició operaciones esta primavera y promete llevar servicios de datos hasta al 92% de la población mexicana hacia el año 2024, mientras que Telecomm administra el Sistema Satelital Mexicano (Mexsat) y está encargado de la licitación de una red de fibra óptica de alrededor de 25 mil kilómetros de extensión montada sobre las torres de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad. Lo anterior sin contemplar que los organismos de la administración pública son grandes compradores de servicios de telecomunicaciones y tecnologías de información por lo que sus decisiones de compra influyen en el rumbo que tiene el sector.
La nueva administración tendrá una gran capacidad para definir la naturaleza del regulador en las telecomunicaciones mexicanas y, por ende, los programas y la visión que quiera llevar a cabo.