2018-07-23
Ya se sabe que la próxima administración tiene como uno de sus planes prioritarios la descentralización de las secretarías de Estado y los organismos públicos hacia las entidades del país. Será un movimiento que sólo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) ha realizado exitosamente mudando su sede desde la capital hacia Aguascalientes a mediados de la década de 1980.
Las implicaciones logísticas y laborales de esta mudanza serán enormes. Multitud de funcionarios públicos en 32 secretarías y entidades públicas deberán mudarse hacia localidades de todo el país mientras que las ciudades receptoras deberán asegurar viviendas, escuelas e infraestructura suficiente y de calidad para los funcionarios, sus familias y a las instalaciones donde laborarán. Para dimensionar la mudanza, según el anuario 2017 del ISSSTE en la Ciudad de México radican más de 740 mil empleados al servicio del gobierno federal; obviamente no todos dejarán la capital pero la escala será de cientos de miles.
Pero no sólo personas mudarán de residencia. El buen funcionamiento de los organismos del gobierno mexicano, como cualquier organización, requiere infraestructura de datos y de telecomunicaciones para como equipo para videoconferencias, computadoras y quizá centros de datos que deberán mudarse hacia las nuevas sedes de dichas entidades, algunas de las cuales padecen servicios deficientes de telecomunicaciones fijas y móviles.
Tomemos como ejemplo al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que según los planes de la nueva administración deberá mudarse hacia Morelia. La memoria estadística del IMSS para 2017 indica que más de 5,800 empleados de confianza radican en la Ciudad de México; muy probablemente cada uno cuenta por lo menos con una computadora asignada y una conexión a internet en su oficina. A su vez la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2017 publicada por el Inegi dice que en Morelia existen alrededor de 137 mil hogares con conexión a internet. Tomando un escenario optimista donde “solo” unos 5,000 empleados de confianza se mudasen hacia Morelia, se registraría un incremento de poco más del 4% en la demanda de conexiones de internet fijo para la ciudad.
Más aún, debido a que la próxima administración busca disminuir hasta donde sea posible gastos en traslados y hospedajes, es muy probable que los funcionarios federales reubicados deberán usar con mayor frecuencia plataformas de videoconferencia, trabajo colaborativo y compartición de documentos para realizar su trabajo en forma eficiente, especialmente para su interacción con oficinas ubicadas en otras entidades del país. Todo esto en un escenario donde la falta de competencia hace que muchas de estas comunidades padezcan un servicio de internet con baja calidad.
No es extraño que en localidades alejadas de los grandes centros económicos del país padecen conexiones a internet de baja velocidad o que sufren problemas en ciertas horas del día. Pese a los esfuerzos de las autoridades por incrementar la cantidad de redes de fibra óptica interurbana, existen regiones como en el sur y el sureste del país siguen presentándose déficits de velocidad y conectividad de datos.
El tema no es menor puesto que más allá del uso de correos electrónicos y videoconferencias, el monitoreo y control de infraestructura crítica como refinerías y presas se gestionará desde entidades cuya infraestructura de telecomunicaciones no es tan robusta como en la capital del país. Pemex se gestionará desde Ciudad del Carmen en Campeche, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) radicará en el puerto de Veracruz y la Secretaría de Salud desde Chilpancingo en Guerrero. La gestión de una epidemia como la de influenza A (H1N1) ocurrida en 2009 se vería seriamente entorpecida si las redes de telecomunicaciones y datos no pudieran asegurar un flujo constante de información entre el secretario de Salud con el resto del país.
Si la descentralización prometida por la entrante administración se convierte en realidad, abrirá una oportunidad para que las empresas de telecomunicaciones inviertan con mayor intensidad en zonas del país que no han recibido la atención que merecen e impulsará una competencia más dinámica para conectar con la mejor calidad disponible a las nuevas sedes de las entidades del gobierno federal y a las comunidades donde radicarán.