En las últimas semanas una parte del debate sobre la prohibición de cobro por la terminación de llamadas en la red del agente económico preponderante (AEP) se ha centrado en el eje legal: ¿tiene el Poder Legislativo la facultad de prohibir a concesionarios de servicios públicos el cobro de ciertos servicios accesorios al servicio concesionado, o como dice Telcel, regular las tarifas de interconexión?, ¿no es ésta la labor del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)?, ¿por qué la Constitución busca regular al operador preponderante? Limitar la discusión al terreno de lo jurídico omite considerar las razones económicas que llevaron a la creación de la regulación que hoy parece atragantársele a más de uno.
La disposición legal establecida en el artículo 131 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LTyR) responde a una necesidad que el sector telecomunicaciones tenía desde la década de 1990: evitar que el AEP impusiera su peso para aplastar a la competencia. El pecado de origen del AEP consiste en haber nacido heredera del monopolio estatal de las telecomunicaciones. Una empresa que contenía dentro de sí virtualmente a todos los usuarios de telecomunicaciones fijas y móviles de México.
Por si fuera poco, en su momento el hoy AEP gozó de “incentivos” adicionales como la retención del monopolio de las llamadas de larga distancia por siete años después de la privatización, así como un generoso esquema de pagos que le permitió liquidar el adeudo con el gobierno mexicano con el mismo flujo de efectivo generado por la empresa adquirida.
Esta situación hizo que el AEP se quedase como el jugador predominante de las telecomunicaciones aún años después de las incursiones de empresas de telecomunicaciones de orden global. Estimaciones de 2009 hallaron que para entonces el AEP tenía el 90% del mercado fijo de telecomunicaciones y más del 72% del mercado móvil. Estudios realizados por instituciones como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) hallaron que en sólo el lapso entre 2005 y 2009 la economía nacional había padecido una pérdida de casi 130 millones de dólares debido a las disparidades del mercado de telecomunicaciones.
La prohibición contenida en el artículo 131 de la LFTyR no ha sido un capricho arbitrario, sino una herramienta que ha impedido al AEP usar su poder como la empresa hacia la que se dirigen la mayor parte de las llamadas entre operadores del país. Especialistas como Ernesto Piedras de la consultora The CIU han señalado con números duros que la tarifa cero ha mejorado sustancialmente la posición competitiva de las empresas del sector además de mejorar los beneficios que reciben los millones de usuarios de servicios de telecomunicaciones con mejores ofertas a precios más accesibles.
A más de tres años de la promulgación de la LFTyR, sus efectos han comenzado a hacerse visibles. Un índice llamado Herfindahl-Hirschman Index (HHI) que mide la concentración en mercados como el de telecomunicaciones muestra interesantes cambios positivos.
Sin embargo, las cosas siguen siendo complicadas. De acuerdo con los economistas, un HHI superior a los 1,800 indica un mercado extremadamente concentrado. Como puede verse en la tabla desplegara renglones arriba, el mercado de telecomunicaciones todavía está lejos de tener un sano equilibrio. Permitir que el preponderante cobre de nuevo por la terminación de llamadas en su red muy probablemente volvería a elevar este índice.
Dicho todo lo anterior, podemos afirmar que la tarifa cero es lo más alejado a un capricho regulatorio, una arbitrariedad o una aberración de la ley. Todo lo contrario, esta disposición regulatoria ha sido una de las mejores herramientas para mejorar el entorno de competencia, que ha logrado mejorar los servicios ofrecidos a los consumidores de telecomunicaciones en el país, así como disminuir la concentración del mercado de las telecomunicaciones.
Retirar la disposición causaría un daño a los consumidores de telecomunicaciones del país, lo cual a su vez impactaría en la economía nacional. Que nadie diga que no se hicieron visibles las consecuencias de la decisión de los magistrados de la SCJN.
