El pasado 5 de abril el consorcio ALTÁN Redes, ganador de la licitación para la construcción de la red compartida que funcionará en todo el país sobre la banda del espectro de los 700 Megahertz (Mhz) y que dará servicio a los operadores de telecomunicaciones, publicó un comunicado cuya parte sustancial presumía haber obtenido financiamientos por 2,300 millones de dólares para realizar el proyecto; a repartir de la siguiente manera:
- 765 millones de dólares como capital garantizado aportado por inversionistas privados.
- 850 millones de dólares aportados por dos proveedores tecnológicos: Nokia y Huawei.
- 690 millones de dólares (aproximadamente) aportados por Banobras, Nafin y Bancomext.
Sin contar 4,750 millones de pesos (alrededor de 265 millones de dólares) que las entidades públicas arriba citadas comprometieron como financiamiento adicional en caso de necesidad de ALTÁN Redes.
Sin abundar en la promesa rota hecha por funcionarios sobre que la Red Compartida no significaría uso de recursos públicos, ahora el destino de un monto nada despreciable de dinero de los mexicanos depende del éxito de la red y de su modelo de negocio. Sólo para dar perspectiva, el monto público comprometido (17,750 millones de pesos en total) supera el presupuesto asignado a la Procuraduría General de la República para este año y que suma 15,897 millones de pesos.
¿Qué tiene que ver la red compartida con la tarifa cero?
El amparo en revisión 1100/2015 interpuesto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la empresa más grande de telecomunicaciones del país, también llamada Agente Económico Preponderante (AEP), definirá el destino del artículo 131 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTyR) y que actualmente obliga al AEP a no cobrar por la terminación de llamadas en su red.
En caso de que el amparo le fuese concedido al AEP, las empresas de telecomunicaciones tendrían grandes problemas económicos. Datos de la consultora The CIU indican que el amparo costaría alrededor de 1,050 millones de dólares, alrededor de 19,500 millones de pesos a los operadores de telecomunicaciones por tarifas no devengadas entre agosto de 2014 (cuando entró en vigor la regulación) y junio de 2017, mismas que el AEP podría cobrarles. Pero además del costo económico, el amparo podría causar otros efectos que pondrían en peligro la viabilidad de la Red Compartida… y del dinero de los mexicanos.
La estabilidad de las empresas de telecomunicaciones podría verse afectada
Como se indicó renglones arriba, la Red Compartida no le dará servicio al usuario final sino a las empresas operadoras de telecomunicaciones. Y aunque la idea original de esta red era que una nueva generación de empresas llamadas operadores virtuales fueran los clientes mayoritarios de la red, en realidad las únicas empresas con capacidad económica para usarla son las empresas tradicionales del sector.
Y aunque estas empresas facturan miles de millones de pesos por concepto de servicios, la ampliación de sus redes y los servicios que ofrecen requieren inversiones masivas. De acuerdo con datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la inversión del competidor estadounidense el año pasado ascendió a 15,755 millones de pesos y el del competidor español fue de 3,730 millones de pesos. La estimación de The CIU encontró que para el competidor estadounidense el monto de las tarifas que debería pagarle al AEP rondaría los 273 millones de dólares (alrededor de 4,890 millones de pesos) y al operador hispano unos 343 millones de dólares (aproximadamente 6,130 millones de pesos).
Poniendo en forma esquemática el impacto, quedaría de la siguiente forma:
Como se puede ver, si el amparo solicitado se le concediera al AEP, sus competidores simplemente carecerían de recursos para invertir en los servicios de la Red Compartida. Más aún, el regreso de la tarifa de interconexión impondría a los competidores del AEP, y a la propia Red Compartida, un costo adicional que para el año 2017 podría ascender hasta 68 millones de dólares al operador estadounidense y 85.6 millones de dólares al operador español. Estas cifras debilitarán económicamente a los operadores para embarcarse en aventuras como la renta de capacidad proveniente de la Red Compartida que entrará en operación hacia finales de marzo del año que viene. Considerando que por lo menos para el competidor estadounidense su año fiscal cierra este mes de octubre, un hipotético amparo otorgado al AEP en los próximos días impediría su participación en el proyecto por lo menos para el año 2018.
El escenario es peor para el competidor español, quien luego de casi 15 años en el mercado mexicano todavía no alcanza metas de crecimiento ni de sustentabilidad económica, por lo que el amparo simplemente pondría en riesgo su presencia en México. No sobra decir que el amparo implicaría que la Red Compartida se quedaría sin dos de sus clientes más importantes en los críticos meses de su arranque. La receta perfecta para otro desastre de política pública y la pérdida de dinero de los contribuyentes. Nada más.