Una de las sorpresas en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos fue el papel que jugaron los llamados sitios de noticias falsas, también conocidas como fake news. Noticias surgidas de sitios con nombres como Denver Guardian o National Report y compartidas masivamente en plataformas como Facebook y Reddit crearon olas de opinión pública que podrían haber inclinado la balanza en una elección tan compleja como la presidencial estadounidense, donde Donald Trump perdió el voto popular pero ganó los delegados del Colegio Electoral.
Curiosamente, algo que permitió el florecimiento de un ecosistema de noticias (falsas y verdaderas) en internet ha sido la ausencia de regulación para determinar qué contenidos son lícitos y cuales no. Cualquier persona puede crear un sitio web para colocar los contenidos que quiera y no habrá autoridad que pueda sancionarlo por ello, salvo casos excepcionales como la apología del racismo y la violencia sexual. Eso pasa en Estados Unidos y en México también.
Sucede todo lo contrario pasa en la televisión. Para empezar, las barreras de entrada son extremadamente altas puesto que se requiere una concesión del Estado para operar y, el costo del equipo necesario, que puede superar decenas de millones de pesos. Una vez que estas barreras han sido superadas queda el cumplimiento de la pesada carga regulatoria que los contenidos por televisión abierta deben cumplir ante la autoridad.
En México las regulaciones están contenidas en normativas como la Ley General de Salud en Materia de Publicidad y el Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral que incluye disposiciones hasta en el formato que deben tener los debates entre candidatos durante procesos electorales. Tan sólo el artículo 223 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión obliga a los concesionarios de radio y televisión a propiciar, entre otras cosas, “la difusión de los valores artísticos, históricos y culturales, la difusión de las ideas que afirmen nuestra unidad nacional y el uso correcto del lenguaje”.
El espíritu de tales regulaciones tiene que ver con el rol de la televisión como medio de información en el siglo XX. Por décadas la televisión fue el medio que más influencia tuvo en las sociedades modernas debido a su amplia presencia en los hogares. De acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), por lo menos desde 2009 la totalidad de los hogares en México tienen por lo menos una televisión. Sin embargo, el uso de internet en el país se extiende a pasos agigantados: el Inegi anunció en mayo que más de 62 millones de mexicanos son usuarios de internet y es posible que hacia finales de la década la cifra supere los 73 millones de usuarios.
Más aún, internet y especialmente las redes sociales se están convirtiendo en una de las fuentes más importantes de información para los mexicanos. De hecho, un estudio realizado por la Asociación Mexicana de Internet (Ampici) encontró que casi el 80% de los usuarios de internet usan cotidianamente redes sociales y nueve de cada diez están suscritos a Facebook. Todavía no se publican estudios sobre la confianza que las redes sociales e internet inspiran entre los usuarios mexicanos, pero es claro que las plataformas digitales serán cada vez más relevantes sólo por el hecho de que el tiempo empleado por los usuarios en tales plataformas no cesa de crecer: según Ampici el internauta promedio rebasa ya las 7 horas diarias en la red cuando a inicios de la década el tiempo promedio de conexión era de 3 horas y media.
Así las cosas, quizá es tiempo para que la pesada regulación de contenidos que afecta la televisión debería ser reconsiderada, habida cuenta que enfrenta competencia proveniente de internet, un lugar donde no es necesario probar nada, sino tener los titulares más estridentes y la mayor cantidad de seguidores posible. Esto será necesario si la sociedad quiere tener un contrapeso efectivo a la andanada de fake news que probablemente estarán presentes en las elecciones del año que viene en el Estado de México y en 2018 en toda la nación.