Un refrán moderno dice que el camino a la controversia está empedrado con buenas intenciones. Este parece ser el destino de la red compartida de telecomunicaciones móviles a iniciar operaciones en 2018; un proyecto rodeado de polémicas, incluso en lo que parecía un tranquilo puente navideño.
El 20 de diciembre Rivada Networks, la empresa perdedora en la licitación por la red compartida reveló que había solicitado a una corte del estado de Virginia en los Estados Unidos el testimonio de un ejecutivo en la consultora Deloitte con el fin de revelar su papel en el desarrollo de la licitación de la red compartida.
El ejecutivo aludido, experto en temas de espectro radioeléctrico en la consultora, se habría reunido con un funcionario en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) llamado Mario Góngora quien habría indicado al ejecutivo de Deloitte la intención del gobierno para favorecer a un grupo de empresas, que más tarde se convertiría en el Consorcio Altán, ganador de la licitación en la red compartida. El asunto llegó a manos de la Secretaría de la Función Pública (SFP), quien a inicios de año comenzó una investigación para verificar la existencia de irregularidades en la relación entre el consorcio Altán y la SCT.
Si apareciera alguna transferencia ilícita de información entre la SCT y Altán, vulneraría la firma de los contratos que teóricamente ocurrirá en la segunda quincena de enero, aunque tampoco sería algo insólito. Compartir información privilegiada es una de las maneras más eficaces para vulnerar la equidad en un proceso de licitación, “un funcionario puede pasar a un particular un folder o una memoria USB con planos, información técnica y financiera de una licitación meses antes de que inicie formalmente. Con esto le das al licitante una ventaja decisiva que además es casi imposible de comprobar judicialmente”, comentó hace un par de años a este escritor un testigo social de licitaciones.
Si a este caso le faltase animación, resulta que uno de los inversionistas por parte de Rivada Networks es un controversial millonario cercano al nuevo presidente de los Estados Unidos. De acuerdo con una nota del diario The New York Post publicada el 21 de enero, documentos judiciales presentados en cortes estadounidenses revelaron que uno de los inversionistas del proyecto por parte de Rivada Networks es Peter Thiel a través de la empresa Mithril Capital.
El apellido Thiel no dice mucho a los mexicanos, pero este hombre fue cofundador del sitio de pagos en línea PayPal, que lo volvió millonario. Su fortuna se incrementó aún más tras haber adquirido en 2004 una décima parte de Facebook por medio millón de dólares, cuando la red social era sólo un proyecto estudiantil. Su fortuna estimada en casi 3 mil millones de dólares le ha permitido apoyar numerosos políticos de corte libertario, aunque el año pasado se sumó a la campaña del hoy presidente Donald Trump donando 1.25 millones de dólares a su campaña e incluso dando un discurso a su favor durante la convención del Partido Republicano en julio del año pasado.
De momento, la inversión de Thiel en el proyecto de Rivada no sería más que un asunto meramente financiero, pero de acuerdo con el sitio web Político, desde la elección presidencial en noviembre Thiel trabajó en el equipo de transición de Donald Trump acercándole líderes de la industria de la tecnología, con lo que ahora estaría en el círculo cercano del ahora presidente Trump.
¿Sería posible que un Thiel disgustado pidiese “ayuda” al presidente Trump en beneficio de su inversión con Rivada?, ¿Podría Trump “solicitar” a las autoridades mexicanas echarle una mano a la inversión de su aliado político? Sin querer, una licitación de infraestructura de telecomunicaciones en México puede convertirse en motivo de la cólera del hombre más poderoso del mundo.
Efecto mariposa, le llaman.