2018-06-29
Tradicionalmente el papel del Estado como garante de la seguridad de los mexicanos se ha enfocado al espacio físico de la soberanía nacional. Sin embargo, hoy día todos en las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs) requerimos igualmente un marco legal que nos resguarde personal y patrimonialmente en ese espacio digital.
Un caso que ocupa al Poder Judicial es el referido a la empresa estadounidense Roku, desarrolladora de una plataforma de distribución de contenidos audiovisuales por internet, quien hoy está impedida de comercializar sus productos en país, por facultar a piratas de contenido la comercialización ilegal de contenidos protegidos por el derecho de autor. Roku, en lugar de usar sus recursos técnicos y económicos para cerrar esta puerta, se ha decantado por litigar ante medios de comunicación y argumentar que las decisiones del Poder Judicial son inconstitucionales e ilegales.
En conversaciones de ejecutivos de Roku con periodistas nacionales en semanas recientes, ellos mismos han aceptado que no han cumplido de manera íntegra las decisiones de los juzgados mexicanos y siguen abiertas puertas traseras (backdoors) que permiten a los piratas digitales seguir operando en su plataforma. Con ello crean una ventana de ilegalidad y de competencia desleal respecto a otros servicios de streaming en el mercado que sí operan en el marco de la legalidad, pagando impuestos y su respectiva porción a los titulares de los derechos de propiedad intelectual.
Han aseverado también los ejecutivos de Roku que poco más del 90% de sus contenidos son legales, lo que deja una brecha de contenido ilegal que representa casi una décima parte del tráfico total de los contenidos que pasan por sus dispositivos en México. Con ello dan lugar claramente a sustanciales pérdidas de los creadores cuyas obras son ilegalmente comercializadas. De acuerdo con su propio informe a la bolsa de valores estadounidense, la empresa gastó en 2017 más de 107 millones de dólares en investigación y desarrollo, por lo que debió haber empleado una fracción en encontrar la fórmula para cerrar las puertas al contenido ilegal, como efectivamente lo hacen dispositivos similares.
En el campo de la privacidad y el resguardo de los datos personales surgen riesgos, de manera similar. Con ese reconocimiento de las ventanas de riesgo, Roku confirma estar consciente de no cumplir la ley a cabalidad, al vender dispositivos vulnerables al acceso de hackers, exponiendo así a daños patrimoniales y reputacionales al consumidor y a las tiendas que los comercializan.
Y, aun así, esa empresa busca presentarse como víctima de circunstancias más allá de su control, y se resguarda en declarar no poder cumplir a cabalidad las decisiones judiciales que desde hace meses impiden la venta de los sintonizadores de la marca Roku en territorio nacional. Sin embargo, corresponde al Estado mexicano garantizar el cumplimiento del marco legal de los derechos de propiedad intelectual, tema que no se dirime con intentos de convencer a la opinión pública.
Es razonable anticipar que se seguirán presentando conflictos similares entre el interés privado de empresas y el público representado por los órganos del estado, derivados de nuevas alternativas tecnológicas. Sin duda deberán ser temas prioritarios en políticas públicas que fomenten el crecimiento de la economía digital.
El IDET reconoce en el internet un medio de comunicación y plataforma de actividad económica fundamentales.
Ello hace necesaria la firme defensa del ciberespacio como cimiento fundamental para permitir el crecimiento seguro y armónico de la vida digital mexicana, todo, en un contexto de cumplimiento del marco legal relativo a la propiedad intelectual.
