2017-11-01
Las ONG, agencias de noticias, académicos y plumas al servicio del agente económico preponderante en telecomunicaciones (AEPT) mantienen una constante retórica que parece sensible a la tremenda desigualdad que hay en México, y que en mucho se asemeja al discurso de las corrientes más progresistas de la izquierda. Sin embargo, me parece paradójico que un discurso indignado con la brecha entre ricos y pobres se haya elaborado para defender a la empresa que concentra cerca de 70% del sector telecomunicaciones en México.
Así, los personeros del AEPT y otros organismos creados con el aparente propósito de representar a la sociedad civil frente a las empresas de telecomunicaciones y radiodifusión en realidad trabajan todos los días para defender las posiciones del monopolio que durante 27 años ha mantenido a México rezagado en telecomunicaciones. Es obvio que un capitalismo voraz no puede ser defendido por otro capitalista o por alguien con una marcada postura a favor de la concentración económica; para ser efectiva, la defensa debe venir desde voces que se desgarran las vestiduras por los marginados, con claras credenciales en la izquierda mediática y la guerrilla de café.
Hay que ser muy creativo para achacar la deficiente cobertura de los servicios de telecomunicaciones en nuestro país a las empresas competidoras del AEPT, que en ningún caso llegan a tener más de 25% del mercado, y olvidar que es precisamente el monopolio derivado de la privatización del AEPT el que asumió obligaciones de cobertura universal que nunca cumplió. Ahora, nos dicen, si se le vuelve a permitir cobrar tarifas de interconexión, se elimina la prohibición para que discrimine entre llamadas dirigidas a sus propios usuarios de aquellas dirigidas a usuarios de sus competidores y se le autoriza a prestar el servicio de televisión, ahora sí, lo juran, su servicio llegará a donde nunca llegó y le prestará servicios a quienes nunca antes se los prestó, como si se tratara de un acto de filantropía y no de negocios.
Ante estas voces que pugnan por la dictadura del cafetariado, siempre que la cuenta de los expresos la pague el ingeniero Slim, podemos contrastar un interesante estudio elaborado por Martin Cave y Elisa V. Mariscal por comisión del Programa Interdisciplinario de Regulación y Competencia del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). En el mismo, se afirma que la disminución de casi 40% en los precios al público de los servicios de telecomunicaciones móviles se debe al efecto procompetitivo de la prohibición para el AEPT de cobrar por la terminación de tráfico en sus redes y la transferencia de estos ahorros a los usuarios finales, vía ofertas que incluyen minutos ilimitados tanto nacionales como internacionales, a números fijos o móviles. Incluso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo mediante el cual declaró inconstitucional la mal llamada “tarifa cero”, nuestro Máximo Tribunal reconoció los efectos benéficos de dicha medida, tanto para el entorno competitivo como para los usuarios.
Pero lo más interesante es que el estudio de Cave y Mariscal demuestra metodológicamente y con información del Inegi que “el incremento en la tasa de participación, o en otras palabras, el incremento en la proporción de hogares que presentan algún gasto en servicios de telecomunicación móviles, es sustancialmente mayor en los seis deciles más bajos, con un incremento promedio de 22% frente a 10% que presentan los cuatro deciles más altos”. Es decir, contrario a lo que pregonan los hagiógrafos del AEPT, las medidas que le fueron impuestas en tal carácter sí han permitido conectar a los desconectados o, por lo menos, hacerlo con una tasa de crecimiento superior y en menor tiempo que lo que se hizo durante las décadas en que éste estuvo exento de una regulación asimétrica eficaz. Si nunca antes se preocupó por conectar a los desconectados, de otra manera ya lo estarían, y se comportó como un simple extractor de rentas en un mercado monopólico para apalancar su expansión internacional, no veo por qué hoy al liberarse de sus regulación asimétrica, el AEPT habría de cambiar su comportamiento. No es un tema de bondad o de voluntad, es simplemente un tema de incentivos económicos.
