México, D.F., a 11 de Septiembre de 2016.–De conformidad a lo previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el pasado 8 de septiembre, el Ejecutivo Federal entregó al Congreso de la Unión el paquete económico para el 2017, que entre otros instrumentos contiene el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. Tal como lo anunció la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el monto total de egresos que el gobierno federal está poniendo a consideración de la Cámara de Diputados implica un ajuste importante al gasto público con respecto a lo previsto para este año.
En este contexto se inscribe el hecho señalado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en el sentido de que los programas a su cargo experimentarán una reducción en el monto autorizado para ejercer en el 2017. De la misma forma está el hecho de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) tendrá a su disposición un monto también menor para el 2017 respecto a lo que la Cámara de Diputados le aprobó para el 2016.
De manera particular, llama la atención del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET) que en el proyecto de presupuesto para la SCT no aparece propuesta de presupuesto alguno para el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (Promtel), que es el organismo descentralizado creado expresamente por el gobierno federal para “realizar las acciones tendientes a garantizar la instalación de la red pública compartida de telecomunicaciones y otras para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones por sí, a través de terceros o en asociación público privada…”. El propio decreto de creación de Promtel prevé que el patrimonio de este ente descentralizado estará conformado por: a) los recursos financieros y los bienes muebles e inmuebles que el Gobierno Federal le aporte; b) los recursos que, en su caso, se le asignen en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente, y c) otro tipo de ingresos.
Lo anterior es relevante dentro del proceso de licitación del proyecto de la red compartida, que explotará la banda de 700 MHz, pues mañana 12 de septiembre concluye el plazo que estableció la SCT para que los interesados en participar en este proceso de licitación presenten ante el IFT la solicitud en materia de competencia económica.
Esto significa, que en la fecha límite que tienen los interesados en la licitación de la red compartida para iniciar formalmente su participación en este proceso, no existe certeza que el ente que, de resultar ganador uno de ellos, será su socio formal dentro de la asociación público privada que para tal fin se establezca, contará con los recursos presupuestales necesarios para llevar a cabo lo que le corresponda dentro de esta asociación, al menos para el 2017. Cabe hacer notar que el calendario de actividades de la licitación del proyecto de la red compartida, prevé que el fallo de este proceso está previsto para el próximo 17 de noviembre. Por lo que la falta de certeza de recursos presupuestales para el 2017 no es un asunto menor.
Si bien es cierto que el IDET ha hecho señalamientos respecto a la viabilidad del proyecto de la red compartida en la banda de 700 MHz, es pertinente señalar que esta omisión de carácter presupuestal, aunque en montos no sea representativa frente a los montos que requeriría invertir el ganador, sí pone en riesgo la capacidad de Promtel para llevar a cabo su tarea de supervisión respecto de las obligaciones que asumiría su futuro socio, el ganador de la licitación, al tiempo que puede generar incertidumbre a los interesados en participar en este proyecto.
Por lo anterior, exhortamos a las autoridades a que señalen a la brevedad, de manera categórica, cuál será el mecanismo para dotar de recursos a Promtel.
Acerca del IDET
El Instituto de Derecho de las Telecomunicaciones (IDET) es una asociación civil mexicana, constituida en julio del 2002, con fines estrictamente académicos, de investigación y propositivos, integrado por un grupo de especialistas del sector de las telecomunicaciones y de las tecnologías de la información, que contribuyen al perfeccionamiento del marco regulatorio existente.