Opinión del IDET ante resolución judicial que frena escisión de empresas de Telmex

México, D.F., 17 de enero de 2014 – Uno de los objetivos explícitos de la reforma constitucional en telecomunicaciones del 11 de junio de 2013, fue el de controlar el poder dominante y las prácticas monopólicas de América Móvil, S.A.B. de C.V. (AMX) y sus subsidiarias, una de ellas Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. (Telmex).

Al efecto, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), en un plazo que vence el 10 de marzo de 2014, deberá imponer a AMX y sus subsidiarias Telmex y Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. (Telcel), una regulación asimétrica en tarifas e infraestructura de red, incluyendo la desagregación efectiva de sus redes locales.

Telmex domina el 82.5% del mercado de telefonía fija y más de la mitad del de banda ancha (56.2%), mientras que su filial, Telcel, detenta el 72.7% del mercado de telefonía y banda ancha móvil.

Al respecto, a petición de la extinta COFETEL y de la SCT, en 2012 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) elaboró un estudio[1] sobre la situación de las telecomunicaciones mexicanas que en su diagnóstico muestra los efectos contrarios al desarrollo del mercado y al beneficio de los consumidores.

La OCDE asevera que “en México, la falta de competencia en telecomunicaciones ha generado mercados ineficientes que imponen costos significativos a la economía mexicana y que inciden de manera negativa en el bienestar de su población. El sector se caracteriza por altos precios, entre los más elevados de los países miembros de la OCDE, y falta de competencia, lo que tiene como consecuencia una baja tasa de penetración de los servicios y un pobre desarrollo de la infraestructura necesaria para prestarlos. La pérdida de bienestar atribuida a la disfuncionalidad del sector mexicano de las telecomunicaciones se estima en 129,200 millones de dólares* (2005-2009), es decir, 1.8% del PIB anual”.

Según información difundida por medios de comunicación nacionales, todo indica que AMX ha empezado a operar una estrategia corporativa que tiene como objetivo evadir la desagregación de las redes locales de Telmex.

Independientemente de la presunta simulación de actos jurídicos y fraude a la ley, Telmex estaría infringiendo diversas disposiciones de su título de concesión, de la Ley de Vías Generales de Comunicación y de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

De acuerdo con la condición séptima del título de concesión de 1976, Telmex debe solicitar autorización de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (ahora del IFT), para enajenar sus centrales, equipos asociados o “terrenos o edificios que no le resulten útiles para la operación telefónica”; en este sentido, aún cuando los activos no estuviesen relacionados con la red, Telmex está obligada a obtener la previa autorización.

Por su parte, el artículo 29, fracción IV de la Ley de Vías Generales de Comunicación prevé como causal de caducidad de la concesión:

“(…) se enajene la concesión o alguno de los derechos en ella contenidos, o los bienes afectos al servicio de que se trate, sin la previa aprobación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes”.

En el mismo sentido, el artículo 38, fracción VII de la Ley Federal de Telecomunicaciones contempla como causal de revocación de la concesión lo siguiente:

“Ceder, gravar o transferir los derechos en ellos conferidos o los bienes afectos a los mismos en contravención a lo dispuesto en esta Ley”.

Por ello, cualquier transferencia de los bienes afectos a la concesión, como son inmuebles, centrales, equipos, cableado, fibra óptica y similares, debe ser previamente autorizada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o el IFT, dependiendo de la fecha. Aparentemente, la autorización no ha sido solicitada u otorgada.

Corresponde ahora al IFT, en ejercicio pleno de las atribuciones que le otorga la Constitución, investigar a fondo si los activos pertenecientes a las tres empresas que Telmex pretende escindir constituyen total o parcialmente la red pública que le fue concesionada y, de ser así, imponer las sanciones establecidas por la ley.

Además, debe asegurarse que Telmex se someta plenamente a la reforma constitucional y a la legislación derivada de la misma, ya que entre los objetivos principales de la iniciativa se encuentra beneficiar a todos los mexicanos a través del acceso a los servicios en mejores términos de cobertura, calidad y precios competitivos, a saber:

“En efecto, las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se proponen en el presente instrumento, tienen el propósito principal de beneficiar a todos los mexicanos. Primero, con el fin de hacer realidad el acceso de la población a las tecnologías de la información y la comunicación, incluida la banda ancha, lo que necesariamente se traducirá en mejores servicios públicos; segundo, con objeto de establecer condiciones de competencia y libre concurrencia en los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, lo que dará lugar a un funcionamiento eficiente de los mercados y, en consecuencia, a que un mayor número de usuarios acceda a ellos en mejores términos de calidad y precio.”[2]

Es imprescindible que se cumplan cabalmente los objetivos establecidos en la Reforma para que sean todos los mexicanos quienes se apropien de los beneficios que este sector económico aporta a la sociedad.

Es objetivo del IDET el cumplimiento de la regulación en Telecomunicaciones para contribuir a la sana operación del sector y lograr con ello el fortalecimiento de la competencia en beneficio del desarrollo del país, para lograr ofrecer acceso a mejores servicios en cuanto a cobertura, calidad y precio a todos los mexicanos.

Acerca del IDET

El Instituto de Derecho de las Telecomunicaciones (IDET) es una asociación civil mexicana, constituida en julio del 2002, con fines estrictamente académicos, de investigación y propositivos, integrado por un grupo de especialistas del sector de las telecomunicaciones y de las tecnologías de la información, que contribuyen al perfeccionamiento del marco regulatorio existente.