El Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET) considera prioritario y urgente el desarrollo y correcta implementación del proceso de Transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT) en el país dado los beneficios que ésta traerá en materia de competencia, cobertura y calidad en servicio de banda ancha y radiodifusión. Al respecto, y particularmente sobre el apagón de la señal de televisión analógica el día de ayer en Tijuana, Tecate y Rosarito, el IDET considera que:
La deficiente planeación y coordinación entre autoridades, el no seguir las mejores prácticas internacionales y los insuficientes esfuerzos de comunicación por parte de las autoridades a la sociedad, ocasionaron que el apagón analógico presentara importantes fallas que violentan los derechos humanos y han dejado a miles de personas sin oportunidades de acceso a información y entretenimiento.
Mientras que la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) reportó que “sólo” 14 mil hogares quedaron sin señales de televisión abierta, organizaciones locales aseguran que la cifra podría llegar a las 700 mil personas. Las ostensibles “fallas en el apagón” constituyen una flagrante violación al derecho a la información por parte de la autoridad y resulta inconsistente con la recién aprobada reforma en Telecomunicaciones y con tratados internacionales en materia de derechos humanos.
La confusa y errática política pública instrumentada por la Cofetel no sólo ha afectado a Tijuana, sino a ciudades cercanas como Tecate y Rosarito que también perdieron algunas señales de televisión abierta, lo que resulta en un incremento en la cifra real de afectados por el apagón analógico.
Cabe señalar que los usuarios de la televisión restringida, no tomados en cuenta por la Cofetel, sólo reciben las transmisiones nacionales y aquellas que llegan desde los Estados Unidos, por lo que no tienen acceso a las señales locales.
Desde el acuerdo para la Transición a la Televisión Digital Terrestre de 2004, se estableció que sería el INEGI el encargado de medir la penetración de receptores digitales para lograr una transición exitosa, sorprende por ello que las mediciones hayan sido encargadas por la Cofetel a la misma empresa responsable de repartir e instalar los decodificadores y antenas, cayendo claramente en un conflicto de interés, en perjuicio de la población más necesitada.
Resulta preocupante que la necesaria transición a la televisión digital y el despeje de la banda de 700 MHz se ponga en riesgo debido a la mala planeación de las autoridades reguladoras.
De la experiencia en Tijuana debe surgir una mejor coordinación entre todas las autoridades involucradas a efecto de que estos errores de planeación y ejecución no se repliquen en el resto del país, en demérito de la población de más bajos recursos.
Por la afectación a los ciudadanos de Tijuana, Tecate y Rosarito, la Comisión Federal de Telecomunicaciones debería implementar de manera urgente la entrega de los decodificadores faltantes, o bien restablecer temporalmente las señales analógicas para salvaguardar el derecho a la información de los afectados.