vía El Economista.
El Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET) difundió ayer un comunicado por el que expresa su preocupación en torno a la intención del gobierno de la Ciudad de México de impulsar que a través de modificaciones a legislación de carácter local, el Congreso de la capital del país establezca obligaciones relacionadas con el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones en el territorio de la ciudad, que consistirían en requerir a los operadores de servicios de telecomunicaciones que desplieguen su infraestructura de manera subterránea, lo que se conoce como “soterramiento”.
A reserva de conocer los alcances definitivos de la eventual legislación, la obligación sería de aplicación para infraestructura nueva, y con algún plazo determinado, para que la ya existente sea soterrada, que corresponde a miles de kilómetros de cables de una gran diversidad de operadores, que están montados sobre postes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) o sobre postes de Telmex.
El tema es muy relevante, porque por un lado están las implicaciones de orden jurídico, que tienen que ver con que las propuestas que se conocen invaden facultades del Congreso de la Unión, al intentar legislar sobre asuntos de orden federal, como lo son los derechos de vía y las vías generales de comunicación, pero también podrían invadir facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) pues el Congreso local estaría asignando a autoridades locales atribuciones que la Constitución definió de manera precisa como exclusivas de dicho órgano regulador con autonomía constitucional.
Por otra parte, están los aspectos económicos, que por la naturaleza de las redes de telecomunicaciones deben analizarse con especial cuidado. Por un lado, la experiencia en México y a nivel internacional indica que el costo de instalar infraestructura de manera subterránea es sustancialmente mayor que hacerlo de forma aérea, montando cables sobre postes. El comunicado del IDET cita que enterrar la infraestructura de telecomunicaciones puede llegar a ser 10 veces más costoso que hacerlo a través de postes.
Una obligación para que los operadores tengan que soterrar su infraestructura tendría necesariamente un impacto hacia arriba sobre los precios que los usuarios de servicios de telecomunicaciones de la CDMX enfrentarían. La magnitud del incremento de los precios no puede saberse de manera anticipada, pero depende de los alcances de la obligación que se pretenda imponer.
Un resultado directo de los mayores costos y por ende mayores precios en la capital del país, colocaría a los habitantes de la CDMX en desventaja frente al resto del país, donde no existe una obligación de este tipo. Así que ejercer el derecho constitucional de poder tener acceso a los servicios de telecomunicaciones, incluida la banda ancha, puede llegar a ser más caro en la urbe que se precia de ser innovadora, que en muchas otras ciudades de la República.
No se trata de señalar como imposible la idea de que una ciudad moderna pueda gozar de un mejor entorno urbano, donde todo este tipo de infraestructura empiece a desplegarse de manera subterránea. Desde luego que puede pensarse en un escenario así, pero depende en gran medida de la forma en que el problema y la posible solución sean enfocados. Lejos de imponer una obligación arbitraria y costosa, que se trasladaría a los precios, las autoridades deben analizar esquemas de colaboración que incluya a todos los operadores que suministran servicios públicos de interés general, como la electricidad y las telecomunicaciones. No tendría racionalidad económica pretender que una obligación así recaiga solo sobre las redes de telecomunicaciones y deje fuera a la red de distribución y suministro de electricidad, por ejemplo. La pregunta es, ¿está dispuesta CFE a destinar importantes recursos para este propósito, que no tenía en su prospectiva?
Por lo pronto, el gobierno de la CDMX no puede incurrir en el error de pensar que una política de este tipo que imponga obligaciones unilaterales de manera exclusiva a los operadores, será neutral sobre las decisiones de inversión de los distintos operadores. Esto significa que una política mal diseñada e impuesta sin el debido estudio, puede terminar por generar efectos no deseados negativos mayores a los supuestos beneficios que se persiguen.
