Obligaciones de soterramiento de infraestructura de telecomunicaciones en CDMX invade facultades del Congreso de la Unión y del IFT
- Congreso local busca imponer cargas en materia de vías generales de comunicación que son de ámbito federal.
- Incrementaría los costos de las redes de telecomunicaciones de manera importante, lo que provocaría aumentos en los precios de los servicios que se prestan en la CDMX.
- Es evidente la motivación recaudatoria del gobierno de la CDMX, por encima del mandato de garantizar el acceso a los servicios de telecomunicaciones previsto en la Constitución.
Ciudad de México a 31 de octubre de 2022. – El Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET) expresa su profunda preocupación por la intención del gobierno de la Ciudad de México de impulsar en el Congreso local la aprobación de un marco legal que establezca obligaciones para los concesionarios de telecomunicaciones con relación al despliegue de sus redes, ya sea para nueva o para enterrar la existente, que tiene como eje fundamental el soterramiento de las redes públicas de telecomunicaciones, es decir, obligaciones para que las redes públicas se desplieguen o instalen de manera subterránea en la capital del país.
La preocupación del IDET está relacionada tanto con aspectos legales como económicos de una política en materia de despliegue de infraestructura de telecomunicaciones que imponga obligaciones arbitrarias a los concesionarios.
Por un lado, si bien las autoridades locales y las entidades federativas tienen competencia para establecer normas sobre desarrollo urbano de aplicación exclusiva dentro de su propia demarcación territorial, no pueden dejar de lado o pasar por encima del andamiaje constitucional y legal que establece que lo relacionado con las vías generales de comunicación, lo que entre otras cuestiones incluye los derechos de vías sobre los que está instalada infraestructura de telecomunicaciones, es de jurisdicción federal.
Legislar sobre las vías generales de comunicaciones, así como legislar sobre el espacio aéreo y el subsuelo, es facultad exclusiva del Congreso federal. Los congresos de las entidades federativas no tienen facultades en la materia y por tanto, cualquier ley estatal que busque establecer obligaciones para desplegar infraestructura de manera subterránea, al igual que cobros o contribuciones periódicas por el uso del subsuelo, tendría claros vicios de inconstitucionalidad.
Para el IDET, resulta evidente que la intención de que a través del marco legal de la Ciudad de México se impongan obligaciones de pago por el uso del subsuelo a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones tiene una motivación claramente recaudatoria. Así lo reflejan declaraciones a los medios hechas por la Jefa de Gobierno la semana pasada, en las que destacó de manera central que la Ciudad de México buscará fortalecer la recaudación por medio del soterramiento de los cables.
Por otro lado, el IDET considera que es de extrema importancia que tanto autoridades como legisladores, ya sean del ámbito local o federal, no pasen por alto el fuerte impacto sobre los costos que representaría un marco legal que imponga obligaciones de soterramiento. Existe evidencia sólida que muestra que el costo de desplegar infraestructura de telecomunicaciones subterránea frente a la opción del despliegue vía aérea se incrementa por un factor de varias veces, que depende de la complejidad del terreno y la densidad del área urbana donde se tenga que excavar para el soterramiento de la infraestructura, que eleva los costos por la ingeniería necesaria para hacer frente al reto. De esta forma, pasar de la infraestructura aérea que actualmente existe, a infraestructura soterrada, puede llegar a multiplicar los costos de los operadores por un factor de 10.
Por ejemplo, la infraestructura de postes y cableado en la Ciudad de México (CDMX), sobre la que descansa la infraestructura aérea que permite el fluido eléctrico y de telecomunicaciones, habilitan que 7 de cada 10 viviendas dispongan de telefonía fija, cerca de 8 de cada 10 (75.7%) cuente con acceso a internet, aproximadamente 5 de cada 10 (46.9%) tengan servicios de televisión restringida y poco más de una tercera parte (34.8%) algún servicio de streaming, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 realizado por el INEGI.
Al ser una medida que afecta a todos los operadores por igual, los costos de la prestación de servicios de telecomunicaciones en la Ciudad de México se incrementarán de manera similar a lo largo de todas las redes. Un escenario así obligaría a los operadores a incrementar las tarifas de los servicios de telecomunicaciones que se prestan en la CDMX, a un nivel tal que permitan cubrir en el largo plazo los nuevos costos de las redes.
El incremento en los precios de los servicios de telecomunicaciones en la Ciudad de México afectaría negativamente el bienestar de la población en la capital de país, además de que no sólo podría frenar el incremento en la conectividad de los hogares y pequeños negocios, sino que incluso podría terminar por provocar la desconexión de un número aún indeterminado, de entre los 7.1 millones de habitantes de la CDMX que son usuarios de internet, los 6.5 millones que son usuarios de telefonía fija e incluso a parte de los 4.3 millones que cuentan con el servicio de televisión de paga.
Asimismo, elevar el costo de manera significativa para el despliegue de nueva infraestructura de telecomunicaciones también tendría efectos sobre la viabilidad y oportunidad para consolidar en la Ciudad de México un ecosistema 5G, que requiere una sólida infraestructura de fibra óptica y el despliegue de muchas más antenas para hacer frente al crecimiento explosivo del consumo de datos de personas, hogares y empresas.
Por ello, el IDET considera que la intención del gobierno de la Ciudad de México de obligar a soterrar la infraestructura de telecomunicaciones no ha sido adecuadamente analizada.
En opinión del IDET, resulta necesario que el Instituto Federal de Telecomunicaciones asuma el mandato que le otorga la Constitución y que inicie un diálogo formal con el gobierno de la Ciudad de México sobre los aspectos jurídicos, así como sobre el impacto económico de la intención de obligar a soterrar la infraestructura de telecomunicaciones. En este contexto, es de vital importancia que todas las autoridades no omitan recordar lo que dispone el Apartado B, numeral II del artículo 6to constitucional:
“Las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias”.
Por todo lo anterior, el IDET exhorta al gobierno de la Ciudad de México, para que, sin renunciar a su objetivo en materia de reordenamiento urbano en la CDMX, analice cuidadosamente los efectos, sobre todo los no deseados, de imponer obligaciones de soterramiento a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones. De igual forma, el IDET exhorta al IFT para que ejerza las facultades constitucionales con las que fue dotado por el Poder Reformador de la Constitución.
Acerca del IDET
El Instituto de Derecho de las Telecomunicaciones (IDET) es una asociación civil mexicana, constituida en julio del 2002, con fines estrictamente académicos, de investigación y propositivos, integrado por un grupo de especialistas del sector de las telecomunicaciones y de las tecnologías de la información, que contribuyen al perfeccionamiento del marco regulatorio existente.
