vía Expansión.
Mayor gasto en educación, salud y seguridad; simplificación administrativa para pago de impuestos; actualización a deducciones personales, apenas son parte de la lista de los temas a discutir.
Septiembre llega y con él la entrega del paquete económico para 2023, donde el gobierno federal propone al Congreso de la Unión las determinaciones y actualizaciones para el gasto público y la recaudación de impuestos, así como las proyecciones macroeconómicas que sustentan dicha propuesta.
¿Cuándo se entrega el Paquete Económico 2023?
La entrega de la propuesta del Paquete Económico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tiene como límite el 8 de septiembre de cada año, y la dependencia ha informado que será el próximo jueves justo cuando se realice.
Este paquete consta de los Criterios Generales de Política Económica como estimación del PIB, precio del petróleo, inflación y tasa de interés de referencia; con estos datos Hacienda estima cuántos ingresos públicos se pueden generar por impuestos y venta de petróleo mayormente, considerando los costos financieros.
También incluye la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación (ILIF) en la que se estipula el origen de los ingresos públicos y lineamientos generales de cómo se van a generar. Usualmente viene acompañada de la Miscelánea Fiscal que propone poner, quitar, reducir o actualizar impuestos o deducciones a través de cambios a las leyes de los impuestos IVA, ISR, IEPS y Código Fiscal de la Federación (CFF).
En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) se estipula cómo se va a gastar el dinero que se prevé recaudar por impuestos, derechos, aprovechamientos, venta de petróleo y adquisición de deuda pública.
Un paquete “equilibrado, responsable y realista”
Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, confirmó a legisladores del Grupo Parlamentario de Morena en reunión plenaria, el pasado 25 de agosto, que el paquete será “equilibrado, responsable y realista”, y que habrá incrementos en los programas sociales.
Especialistas en finanzas públicas consideran que el diseño, propuesta y aprobación de este paquete enfrentará un contexto económico complicado en vista de la recuperación postcovid y la alta inflación, además de presiones por gastos ineludibles como: pensiones, deuda y transferencia a estados, y recientemente la obligación de cumplir con los programas sociales.
Presiones por deuda y pensiones
Ramírez de la O, también ha aceptado que los presupuestos de las grandes obras públicas del actual gobierno, presionan el reparto de recursos públicos.
“Esperamos se tome en cuenta todo el ambiente macroeconómico a nivel nacional e internacional, para generar variables reales, un presupuesto realista en variables de crecimiento, tasas de interés, que considere la inflación que se ha estado observando, que se considere que eso tendrá un mayor costo financiero, que se calcule un precio del petróleo adecuado, además de fortalecer rubros muy importantes que durante y después de la pandemia se vieron muy afectados”, comentó a Expansión, José Luis Clavellina, director de Investigación del CIEP.
Rubros como salud, educación y seguridad este año han reportado bajas frente a lo presupuestado y erogado el año pasado. Cifras de Hacienda detallan decrecimientos de 5.9% en el gasto para educación; en seguridad nacional de 15.3% y en salud de 1.9% de enero a julio frente al mismo periodo del año pasado.
Un comparativo realizado por Expansión refiere que en el primer semestre, el gasto que el sector público pagó por intereses de la deuda fue mayor a los rubros de educación, salud e inversión física, el cual puede incrementarse en los siguientes meses por el aumento en la tasa de interés de referencia del Banco de México.
Recaudación y cambios en impuestos
Para hacer frente a las presiones financieras, el gobierno federal debe proponer estrategias para mejorar la recaudación, pues los impuestos son la principal fuente de financiamiento para la operación del sector público; es decir hospitales, escuelas, centros de readaptación social, centros deportivos y culturales, puentes, aeropuertos y carreteras, entre otros muchos más
La recaudación de impuestos como el ISR, que se cobra a los trabajadores y empresas por sus ingresos, ha sido el mayor generador de ingresos públicos durante la actual administración, este año al cierre de julio ha generado ingresos mayores a los presupuestados por 144,000 millones de pesos (mdp) y registró un incremento real anual de 15.3%, hilando ocho meses consecutivos de crecimiento.
El sello de la actual administración ha sido cobrar adeudos fiscales a grandes empresas; reforzar las acciones para evitar la defraudación fiscal por acciones como la creación de empresas fantasmas, pero también una mayor vigilancia del fisco sobre las obligaciones de los contribuyentes.
Más estímulos y menos multas
“Consideramos que entre más estímulos y facilidades se den, estos indices de recaudación se van a ir incrementando, que no sea una persecución, que no sea una imposición de multas tan exageradas como las que vemos con la carta porte, de 90,000 pesos es insostenible para cualquier negocio pagar una multa de esa cuantía”, explicó Laura Grajeda Trejo, presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).
Frente al diseño, entrega, discusión y aprobación del paquete 2023 los contadores se han reunido con legisladores, refieren que hay una gran lista de temas que deben revisarse y proponerse para mejorar la recaudación, especialmente enfocada en la simplificación administrativa; “apostamos a que se dé esta situación”, reafirmó la presidenta del IMCP.
Cambios fiscales
Grajeda explicó que el nuevo Régimen Simplificado de Confianza (Resico) necesita más difusión, y facilidades para que los contribuyentes puedan hacer comparativos y decidir si les conviene cambiarse a este nuevo esquema.
En materia de auditoria continúa la controversia sobre si los contadores públicos deben informar a la autoridad si detectan algún tipo de fraude fiscal, porque de no hacerlo pueden ser sancionados o acusados de ser coparticipes de delitos fiscales.
“Ni siquiera tenemos las herramientas para hacerlo, para cruzar información como el SAT, esa determinación debe eliminarse o debe ser reformada, esperamos que la autoridad sea sensible a las propuestas”, dijo Grajeda.
Urge actualizar deduccciones
Conforme ha pasado la actual administración se ha reducido el límite para que las personas físicas puedan hacer deducciones personales, principalmente porque se han metido más conceptos al límite general del 15% de los ingresos brutos o cinco UMAS anuales (175,000 pesos), y por la alta inflación.
“Las deducciones están muy limitadas, basta pagar un gasto o seguro medico para llegar a ese límite, con el incremento de precios en los últimos dos años, debería haber una actualización, por ejemplo, tiene 20 años que no se actualiza el límite de 175,000 pesos por la compra de un auto, en la actualidad no hay automóvil que cueste eso”, Virginia Ríos Hernández, integrante de la Comisión Técnica de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM).
