via El Economista
El viernes pasado, el periódico The Wall Street Journal publicó un artículo de opinión del economista norteamericano Thomas Hazlett, titulado “The U.S. May Repeat Mexico’s Wireless Spectrum Mistake” (“Los E.U.A. podrían repetir el error de México sobre espectro inalámbrico”). Antes de comentar lo que opinó Hazlett, resulta pertinente anotar que es un reconocido experto en aspectos económicos de la regulación de las telecomunicaciones, incluidos entre estos desde luego, los aspectos económicos de la asignación de licencias o concesiones para explotar frecuencias del espectro radioeléctrico, principalmente para la prestación de servicios móviles.
En ese artículo, Hazlett se refiere a un proyecto impulsado durante la Administración Trump en 2018 para crear una red de telecomunicaciones móviles mayorista, que estaría obligada a dar acceso a los operadores móviles, con el supuesto propósito de reducir los costos de la banda ancha en Estados Unidos, además de promover la inversión y la innovación. Al día de hoy, ese proyecto no se ha materializado, y Hazlett aprovecha para lanzar la advertencia al gobierno para que evite cometer el error que, de acuerdo al análisis que presenta, cometieron países como México, Sudáfrica o Australia.
De hecho, el caso al que más espacio dedica es al de México, con la red compartida, cuyo título de concesión, para la explotación de la red pública mayorista, se otorgó a Altan Redes en 2017. De manera señalada, Hazlett comenta que no solo ha incumplido varias metas de cobertura -o hitos, como pomposamente les llamaron en el contrato de asociación público-privada (“APP”) al amparo del que el gobierno federal y Altán se convirtieron en socios- sino que solo ha logrado incorporar relativamente pocos usuarios, además de que, en paralelo, se ha enfriado la competencia y el operador más grande, Telcel, ha incrementado su participación de mercado medida en ingresos.
Hoy, Altán, que bajo esa APP mantiene en exclusiva la explotación de la muy valiosa y codiciada banda de 700 MHz, se encuentra en Concurso Mercantil, situación que también señala Hazlett en su pieza editorial. Y bueno, hay que decir que se encuentra en esa situación financiera y operativa harto complicada, aun cuando el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) le ha modificado su título de concesión en al menos dos ocasiones, para ayudarle a recorrer las fechas fatales para el cumplimiento de sus obligaciones mínimas de cobertura. En la más reciente modificación, le recorrieron la obligación de cubrir con la señal de su red, el territorio donde habita el 92.2% de la población para el 24 de enero de 2028, cuando originalmente estaba previsto para el 2024.
Se trata de un proyecto sumamente emproblemado, respecto del que cada vez se materializan más las dudas que yo expuse desde el principio, cuando sus promoventes insistían en venderlo como la solución a los problemas de conectividad y competencia en el sector telecomunicaciones de México. En al menos una decena de artículos en El Economista sobre este tema he expresado mis dudas sobre su viabilidad. Por ejemplo, en el párrafo de conclusión del artículo que escribí para la edición del 15 de noviembre de 2016, bajo el título “La red compartida”, al referirme a la licitación del contrato de la APP, advertí “Solo espero que, en tres o cuatro años, no se materialice mi temor de que el ganador presionará al gobierno federal para que modifique sustancialmente los términos de este ambicioso, pero incierto proyecto”. Lamentablemente, esas modificaciones ya han venido ocurriendo.
El problema es que habiéndose dado cuenta que la apuesta de llevar conectividad a todo el país a través de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos no tenía pies ni cabeza, el gobierno del presidente López Obrador apostó a utilizar a la red compartida como el vehículo para lograr tal fin. Solo el nulo dominio de los funcionarios del gabinete sobre los temas del sector telecomunicaciones, sus retos y las mejores prácticas internacionales, así como la falta de rigor con la que se elaboran sus planes, explica por qué siguen apostando a un proyecto fracasado y prometiendo metas en materia de cobertura de Internet que no van a lograr nunca. No hay nada que celebrar.
*El autor es economista.
