El Bajío, parte del Golfo Norte, Oaxaca y Guerrero son las regiones donde mayores problemas se registran; sin embargo, estos problemas podrían representar hasta el 40% de todo el territorio nacional
El crimen organizado, actos de vandalismo y robo de materiales como fibra óptica en distintas entidades del país, son factores que impiden el despliegue de infraestructura y redes, además de no poder brindar servicios de conectividad por parte de las empresas de telecomunicaciones; lo que también representan que cerca del 40 por ciento del territorio nacional esté en “zona de alto riesgo”. Juan Carlos Hernández Fernández, abogado Corporativo Jurídico y Enlace Institucional de Megacable detalló que las zonas del Bajío, parte del Golfo Norte, Oaxaca y Guerrero son las regiones donde mayor presencia de estas actividades se registra. “Sabemos y estamos enterados que existen problemáticas con operadores como Izzi, Marcatel, Axtel, MSN, el mismo Telmex, es un tema generalizado”, comentó Hernández en entrevista, tras agregar que en el último año este tipo de problemas de seguridad se agravó en distintas entidades federativas.
El control de plazas por parte del crimen organizado también es un elemento que impide que los trabajadores de las empresas puedan realizar las labores de mantenimiento, instalación o control de los servicios de telecomunicaciones; y que en algunas situaciones se presenten “levantones de personal”. “Como controlan ciertas plazas, si hemos enfrentado esas circunstancias donde hacen un levantón al ingeniero, lo interrogan y le preguntan qué está haciendo, por lo que está haciendo (…) Nos condicionan, nos establecen horarios, ellos nos imponen las restricciones”, denunció Fernández.
En el caso del vandalismo, también se tienen un incremento en los incidentes donde terceras personas realizan “cortes fragantes” de la infraestructura pasiva de los operadores de telecomunicaciones; principalmente en aquellas entidades donde existe una presencia regional de las compañías.
Explicó que los operadores regionales en muchas entidades federativas cuentan con una unificación de infraestructura, por lo que el problema se convierte en una situación de carácter regional; contrario a todas aquellas empresas que ofrecen servicios y cuentan con una infraestructura propia. “En determinadas zonas es donde se han presentado ciertos incidentes de sabotaje que afectan a uno o a otro, pero no todos al mismo tiempo, puedo decir que tal vez hoy es Querétaro, mañana Toluca, pasado mañana Guadalajara. No es teledirigido, pero sí es un tema cada vez más repetitivo”, agregó Hernández Fernández.
Las empresas además tienen que lidiar con problemas de invasión de particulares o terceras personas de empresas externas que se interconectan a las redes de los operadores, con el objetivo de revender o robar los servicios que ofrecen los mismos operadores; o bien, las situaciones de sabotaje, cuando trabajadores de otras empresas dañan las estructuras físicas de un competidor, a fin de que este no pueda ofrecer servicios de comunicaciones.
Cuestionado respecto a un impacto económico y los alcances que tienen estos problemas para las empresas; Hernández Fernández sostuvo que hasta el momento se desconocen las cifras de pérdidas que genera el vandalismo y el control de plazas; por lo que desde la Canieti ya se trabaja en un estudio y las propuestas de ley que se puedan realizar para mantener mayor seguridad y control de los servicios, operaciones y labores que realizan los trabajadores.
En este sentido, Lauro Cantú, CEO Fiber de American Tower México dijo que “vemos un horizonte positivo pero muy retador”, pues en el país deben existir las condiciones para poder invertir; además de contar con una “cancha de juego bien rayada, delimitada; las condiciones de derecho deben ser garantizadas; organismos autónomos garantizados; se necesita capital para poder invertir”. “Es un México hambriento de aplicaciones, de servicios de baja latencia y potente capacidad y velocidad”, comentó el directivo tras destacar que en el país existen personal altamente calificado, pero con condiciones adversas en materia de seguridad y estado de derecho difícilmente “se puede competir”.
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