2022.02.15
Vía El Economista
En la conferencia mañanera de ayer 14 de febrero, el presidente López Obrador presumió -en franca violación a las normas constitucionales y legales que regulan la comunicación política dentro del proceso de Revocación de Mandato, que ya está en curso- que su gobierno canaliza subsidios directos al consumo de gasolina que realizan los mexicanos. De hecho, esta semana el gobierno federal no obtendrá ingresos por concepto del IEPS a las gasolinas, para el caso de la gasolina magna o regular, que representa casi el 80 por ciento del consumo diario nacional, porque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer el pasado viernes que del 12 al 18 de febrero otorgaría un estímulo fiscal del 100 por ciento sobre el monto que corresponde al IEPS.
Esto ocurre en el contexto de un período de alzas en los precios internacionales del petróleo, que repercute de manera directa en los precios de las gasolinas. Entonces, para evitar que ese fenómeno alcista a nivel internacional se traslade al precio de las gasolinas en nuestro país, el gobierno del presidente López Obrador ha optado por utilizar el instrumento del estímulo fiscal para atemperar el impacto sobre los precios de las gasolinas en nuestro país. Más de uno estará agradecido con ese gesto del gobierno del presidente, sin embargo, hay que señalar que ese sacrificio fiscal pinta para durar más de lo previsto.
Así, es altamente probable que mientras en febrero de 2021 el gobierno federal obtuvo un ingreso por concepto del IEPS a las gasolinas de 20 mil 387 millones de pesos, en febrero de 2022 el ingreso por el mismo concepto no rebasará los 7 mil millones de pesos. El presidente se jactó que al recurrir a esta práctica se evita que los precios de la gasolina se disparen y provoquen carestía. El problema es que para mantener contenidos los precios de la gasolina, frente los precios que sí se observan en el mercado internacional, el gobierno federal tiene que hacer un sacrificio fiscal no menor.
El precio observado ayer para la gasolina regular en Estados Unidos, implicaba un incremento de 39 por ciento frente a los precios observados hace un año en aquel país, mientras que en México el incremento se ha limitado de manera artificial a alrededor del 8 por ciento en el mismo lapso. El presidente sabe lo que eso significa, pues para mantener su promesa de que los precios del combustible no se incrementen tiene que sacrificar ingresos tributarios, lo que más temprano que tarde empezará a presionar las finanzas públicas del sector público en un año respecto del que se anticipa una tasa de crecimiento por debajo de la mitad de la tasa observada el año pasado y en el que las presiones de gasto para terminar los grandes elefantes blancos de obra pública que construye esta administración dentro de los tiempos que se ha autoimpuesto el presidente, terminará por sacar a la luz que para mantener las promesas populistas del presidente, el gobierno federal tiene que incurrir hoy en importantes sacrificios fiscales, que se traducirán muy pronto en la necesidad de incrementar los impuestos que pagamos todos los mexicanos. En el hipotético escenario que la propuesta de Reforma Eléctrica del presidente fuera aprobada tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, la presión sobre las finanzas públicas será aún mayor, por las crecientes transferencias que se tendrían que efectuar a la CFE, que sin duda es menos eficiente que muchos generadores privados.
En suma, el año se le está complicando demasiado pronto al presidente en el plano económico, lo que combinado con el desastroso manejo político en las últimas dos semanas por sus reprobables ataques a la libertad de expresión -como reacción al destape del posible conflicto de interés en que está involucrado su hijo mayor-, se convierte en un coctel demasiado complicado de digerir de cara al proceso de Revocación de Mandato. Por eso está tan nervioso el presidente, porque el escenario es radicalmente distinto al que él esperaba.
