2021.01.09
Vía El Economista
Hacia finales de esta semana se llevará a cabo en la Cámara de Diputados la discusión y votación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022. Apenas empieza la semana y ya trascendió que los diputados de Morena, el grupo mayoritario en San Lázaro, habían estructurado una serie de reasignaciones que suman 8 mil millones de pesos, que representa un magro 0.15% de los 5 mil 247 millones de pesos propuestos originalmente como presupuesto global para el próximo año.
No es extraño que todos los años se observen reasignaciones conforme se acerca la fecha límite para la aprobación del presupuesto. Conforme a la información que empezó a circular ayer, sabemos que las ampliaciones para varios programas del presidente López Obrador que en conjunto suman esos 8 mil millones de pesos que mencioné en el primer párrafo, serán financiadas con recortes al presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Poder Judicial. Al INE le estarían recortando 4 mil 913 millones de pesos frente al monto originalmente propuesto, mientras que al Poder Judicial le estarían recortando 3 mil millones de pesos.
Lo anterior significa que las ampliaciones presupuestales para destinos específicos como más recursos para fertilizantes, “Sembrando Vida”, “Jóvenes Construyendo el Futuro”, y para vacunación, entre otros rubros, se pretenden llevar a cabo exigiendo un esfuerzo al Poder Judicial, uno de los tres poderes de la Unión, y al órgano autónomo cuyo mandato es organizar los procesos electorales. Es decir, el Poder Ejecutivo no es capaz de revisar qué esfuerzo podría llevar a cabo para financiar el otorgamiento de más recursos a ciertos programas cuya operación está a cargo del propio Ejecutivo, lo más fácil y que no exige creatividad es obligar a los entes ajenos al control del Ejecutivo a apretarse el cinturón para nutrir de recursos a máquina voraz que reparte apoyos sin los debidos controles y sin las evaluaciones serias sobre la eficiencia en el uso de esos recursos.
Se trata de un claro mensaje de la “Cuarta Transformación”, que ratifica lo que hemos observado en el discurso del presidente y en las acciones de su gobierno a lo largo de estos tres años de gobierno: el desprecio por los ramos autónomos y los órganos autónomos. Por el tamaño del presupuesto, más de un defensor de las causas de la 4T tratará de argumentar que se trata de un recorte que en el agregado no es tan fuerte, que para el Poder Judicial representa un 3.9 por ciento del total que había presupuestado. Para el INE, el recorte representa prácticamente un 20 por ciento de lo originalmente planteado.
Para estos ramos, el recorte es relevante, pues en el caso del Poder Judicial podría provocarle un estrés presupuestal para poder llevar a cabo todos los ajustes que se derivan de la reforma constitucional al Poder Judicial que se aprobó este año. En el caso del INE, ya es ampliamente sabido que hay una especie de revanchismo de la 4T que busca restringirle la disponibilidad de recursos a esta autoridad, porque entre otras razones es dirigida por un personaje que no es bien visto por el presidente López Obrador, y porque lo dice él, por todos sus seguidores. Es evidente que hay una especie de perversidad al reducir el monto de los recursos presupuestales de los que podría disponer el próximo año, al mismo tiempo que se le exige que lleve a buen puerto el proceso de revocación de mandato, lo que a los ojos de la 4T significa que resulte como el presidente pretende, para que lo fortalezca a él y a su movimiento de cara al 2024.
Y sí, mientras al Poder Judicial y al INE se les recorta presupuesto, el Poder Ejecutivo prevé destinar a Pemex y CFE 124 mil 500 millones de pesos más que en 2021. A ver si al final le salen las cuentas, porque la economía ya bajó su ritmo de recuperación y se prevé que el próximo año empecemos a ver mayores tasas de interés en México y EUA, lo que significará mayores costos financieros.
