2021.09.20
Vía El Sol de México
Si se parte de la premisa que los órganos constitucionales autónomos, entre las diversas razones por las que fueron creados, fue para tener funciones y personal especializado en materias muy específicas, al margen de la independencia con la estructura gubernamental, no se entiende -de verdad- decisiones sin estudio, como lo ocurrido en estos días, con estos dos entes.
Después de una disputa legal entre el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) para investigar el mercado digital, y que finalmente resolvió la Suprema Corte de Justicia que la COFECE es la autoridad competente para tratar asuntos relacionados con el mercado de redes, buscadores y servicios en la nube; mientras que el IFT para el mercado de sistemas de operativos móviles, uno pensaría que todo seguiría su curso.
Resulta que la COFECE decidió dar “carpetazo” a la investigación que venía haciendo el IFT, bajo el argumento, que no cuenta con elementos suficientes para ejercer, en este momento, sus facultades de investigación en los diversos mercados de economía digital. Así de escueto y rotundo manda al archivo el asunto, aunque en este tipo de investigaciones de oficio se omite los nombres de las empresas, las que encuadran en esos mercados son Google, Amazon y Facebook.
Lo interesante en esta decisión, es saber si la petición se hizo desde Palacio o actuaron sin razonamiento legal, o si el pleito con el IFT fue pura simulación para partir la investigación integral de este sector. Ya se sabrá.
Pero en el IFT -no cantan mal las rancheras- anunció que el 30 de agosto próximo, inicia la Licitación IFT-8 para subastar 319 nuevas frecuencias de radio AM y FM para uso comercial, parece que no entendieron las críticas que hubo a la pasada licitación de 2017 donde se dejó de valorar la viabilidad comercial de sumar nuevas estaciones, ni cuál fue el efecto de que la radiodifusión sonora creciera en los últimos años casi 22% con 325 nuevas estaciones.
¿Alcanzaran los ingresos publicitarios para todos? ¿Habrán considerado las extorsiones del crimen organizado, la competencia desleal de estaciones piratas y de estaciones sociales que ilegalmente comercializan espacios, y el impacto que ha tenido el COVID?
No queda muy claro como evitaran la especulación en el precio de las estaciones, cuando la subasta es un fenómeno netamente especulativo lo que tiene el efecto pernicioso de elevar el pago que tienen que hacer otros radiodifusores al refrendar su concesión.
Además, estaría pendiente conocer cómo evitaran la entrada del crimen organizado y lavado de dinero, así como sortear casos de competencia desleal a través de “testaferros”, o bien la adquisición de estaciones radiodifusoras por la nueva clase política gobernante, tal vez esa sea la urgencia de licitar.
