2021.08.13
Vía La Crónica
El comercio exterior es el motor de la economía y, por supuesto, de la recaudación de impuestos. Al frente de lo que será la nueva Agencia Nacional de Aduanas (ANA) – que sólo espera la formalización legislativa que debe otorgar el Senado de la República – Horacio Duarte tendrá la oportunidad de confirmar que la hipótesis del presidente López Obrador de que la corrupción es y ha sido el gran lastre de la economía simplemente es cierta. Hasta ahora, lo que nos cuentan es que si bien el efecto T-MEC ha impulsado el comercio exterior, el cobro de impuestos y derechos en los puertos aduanales, también comienza a observarse el impacto del combate a la corrupción.
Como usted sabe, la ANA estará, en el plano operativo, en manos de las Fuerzas Armadas, efectivos del Ejército y de la Armada serán los responsables de que las aduanas del país dejen de ser esa membrana porosa que todo dejaban pasar a pesar de los millonarios contratos que se otorgaron para el despacho y la vigilancia durante los gobiernos priistas y panista. Duarte, el político y abogado mexiquense que acompañó al presidente López Obrador en el intento de desafuero cuando estuvo a cargo del gobierno de la Ciudad de México, se hará cargo de la administración pero también de la relación con el gobierno de Estados Unidos. No sólo eso, también administrará uno de los fondos más grandes de recursos para modernizar el sistema aduanal del país. Le confirmo que la cifra acumulada en los fideicomisos aduaneros por el cobro del Derecho de Trámite Aduanero (DTA) superan ya los 80,000 millones de pesos. Con esos recursos, la gestión de Duarte buscará garantizar que las aduanas garanticen la seguridad nacional. Ya les contaré más sobre este tema. En 2019, este monto no superaba los 65,000 millones de pesos y aumento derivado de la decisión de no renovar ominosos contratos cuya efectividad se confirmó como mínima y cuestionable. Seguimos informando.
Por ahora, se queda Yorio en la SHCP
Nos cuentan que el titular de la Secretaría de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, no ha hecho cambios en su equipo y que se trata de una decisión estratégica. El fundador de Ecanal ha decidido dejar atrás la costumbre de relevar de su cargo a funcionarios claves en la SHCP sólo porque no forman parte de su equipo. El Subsecretario Gabriel Yorio permanece en su cargo y muy pendiente de la información para el Paquete económico 2022. Sin embargo, en el sector financiero hay una gran inquietud por la decisión que tome Ramírez de la O sobre el cargo del funcionario que podría sustituirlo. Lo cierto es que, hasta ahora, el Subsecretario ha realizado un trabajo muy intenso en las estrategias financieras para contar con las vacunas contra el Covid-19. También se ocupó con buenos resultados de renovaciones de deuda para aprovechar el espectro de tasas de interés bajas y, como le confirmamos, sigue en funciones. Son varios, sin embargo, los nombres que se escuchan y, por ahora, nos los reservamos porque la contrastación a la que sometemos toda la información que publicamos en esta columna nos indica que, si bien ya se presentaron algunos acercamientos con financieros de muy alto nivel, el Dr. Ramírez de la O está siendo extremadamente cauteloso con las pláticas para decidir el nombramiento. Lo que sí podemos adelantarle es que el cambio se realizaría después del 15 de noviembre cuando el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos para el próximo año se haya aprobado. Será entonces cuando Ramírez de la O dé a conocer a los integrantes de su equipo. Junto con la llegada de Ramírez de la O a la Secretaría de Hacienda y el nombramiento de su Subsecretario y de otros puestos claves, podría presentarse la oportunidad de dar un golpe de timón en la dependencia para, como lo establece la Constitución, retomar el mandato de generar crecimiento y bienestar económico porque, hasta ahora, la gestión hacendaria para las finanzas públicas se ha limitado a la estabilidad. En este gobierno, por ejemplo, el enfoque se ha concentrado en distribuir recursos para los proyectos insignia de la Cuarta Transformación, en vigilar que se cumpla la austeridad republicana y, por supuesto, a garantizar la entrega de las partidas federalizadas para los estados y los programas sociales. Pero, como sucede con el Banco de México, ¿es todo lo que puede y debe hacer la Secretaría de Hacienda? La Secretaría de Hacienda, como lo prometió Ramírez de la O, tendría que garantizar – más allá de la estabilidad – un clima de confianza para la inversión, los instrumentos para que los inversionistas destinen recursos a las actividades productivas, como es el caso de las Asociaciones Público Privadas. La SHCP, además, tendría que recuperar el papel rector sobre las decisiones que se toman en Pemex y, por supuesto, en la administración tributaria. Por ello, el nombramiento del Subsecretario de Hacienda podría ser un movimiento estratégico en el tablero en el que juega Ramírez de la O en un momento clave para la economía.
IFT avala narrativa que beneficia a preponderante
La resolución adoptada el pasado 4 de agosto por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), para reducir la carga regulatoria a la que se encuentra sujeto el Agente Económico Preponderante en Telecomunicaciones (AEP-T) parece ser una mala señal para este sector. Los analistas y expertos en derecho de las telecomunicaciones en este sector expresaron su profunda preocupación luego de que el órgano regulador de las telecomunicaciones en México avaló una extraña narrativa para respaldar circunstancias que se observan en ciertos mercados locales como una prueba de que sus medidas asimétricas no sólo no funcionan, sino que además se constituyen en una barrera para que la competencia efectiva se consolide y que, por tanto, es momento de empezar a remover ciertas medidas regulatorias específicas. En este caso, de acuerdo con el IDET, la medida que tiene que ver con la determinación de las tarifas que ese agente puede cobrar por la prestación del servicio intermedio o mayorista conocido como acceso indirecto al bucle (SAIB) a los demás operadores. Mala idea. El IDET aseguró que la decisión adoptada por el IFT no se apega al espíritu y letra de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, y la subsecuente Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, entre otras razones porque no hay duda que el concepto de preponderancia es muy distinto a la tradicional regulación de poder sustancial en un mercado relevante, y no permite análisis puntuales de mercados geográficos específicos, que, a su vez, den lugar a la extinción de medidas regulatorias en mercados específicos. Al parecer se apuesta por esa estrategia de dejar pasar el tiempo para que los hechos se vuelvan menos relevantes. Muy mal porque vivimos un momento en el que no podemos observar incrementos en las facturas de dispositivos claves para la conectividad. El otro aspecto aún más preocupante es esa extraña decisión de aceptar los argumentos que el preponderante esgrime para recuperar el margen de un negocio que bien podría considerarse como extracción de renta. El consumidor será el perjudicado.
