Parece que desde que el Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones dio a conocer su recomendación sobre la red compartida en la banda de 700 MHz, son cada vez más las voces que abiertamente se atreven a criticar este proyecto sin sentido, producto de la ambición y la corrupción de la cúpula panista en el seno del Consejo Rector del Pacto por México.
Recordemos que la locura de emular a Ruanda monopolizando la totalidad de la banda de 700 MHz, para construir una red de telecomunicaciones subsidiada por el Estado, surgió después de una reunión del entonces presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), Mony de Swaan, con vendedores de Huawei en Barcelona. Ya sé que esta semana la propia Huawei aclaró que ellos no tienen interés en operar la red. Eso siempre me ha quedado claro. Ellos quieren vender equipos y Mony de Swaan, como siempre, lo que quiere es un moche.
Posteriormente, todavía en el gobierno panista, Mony de Swaan mandó a hacer un estudio a la medida, por el que pagó con nuestros impuestos alrededor de 100 millones de pesos, para que le dijeran lo que él quería oír: que todos los competidores de Telcel ardían en deseos de tener una red subsidiada de la cual colgarse para poder competirle al preponderante, y que además iban a venir miles de operadores móviles virtuales a crear un entorno de competencia robusto y disruptivo.
El estudio nada dice sobre el hecho de que los competidores ya tienen desplegadas sus propias redes y que para poder usar ese espectro tienen que tener el control sobre el mismo en sus propios sitios y con su propia tecnología, caso por caso. No pueden actuar como simples revendedores. Tampoco dice que no hay en el mercado ningún teléfono que utilice las tecnologías 2G, 3G y 4G con que operan nuestras redes el día de hoy y al mismo tiempo puedan utilizar la banda de 700 MHz con el estándar asiático que eligió De Swaan siendo presidente de la Cofetel.
Después, como todo buen vendedor, tuvo un golpe de suerte, y de la mano de su amigo, socio y mentor, Juan Molinar Horcasitas, presionaron al Consejo Rector del Pacto por México para que el negocito de la red compartida mayorista quedara plasmado en la Constitución.
Ahora, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), particularmente la subsecretaria Mónica Aspe, ha tratado de cumplir con el mandato constitucional y encontrarle el sentido a algo que no lo tiene. Su trabajo es muy difícil, porque el mandato constitucional existe y es obligación de las autoridades administrativas cumplirlo. La única manera de salir bien librado de este juego de máscaras, ambición y corrupción es actuar con una transparencia extrema y llamar a las cosas por su nombre.
En primer lugar, deben hacerse públicos todos los estudios contratados tanto por la Cofetel (ese por el que Mony de Swaan pagó 100 millones de pesos) como por la SCT, de tal manera que, tanto los interesados en participar en la licitación de la red, como sus competidores y eventuales inversionistas en el sector tengan información suficiente.
En segundo lugar, el proceso de licitación y adjudicación de la red debe ser escrupuloso en el cumplimiento de la ley. Ante el desaseado origen de esta herencia de corrupción, no cabe el menor error, cómo sería violar la ley al permitir que China Telecom, empresa del gobierno Chino, participara en el proceso.
Hago este recuento, en parte, porque es propio de De Swaan aventar la piedra y esconder la mano, y cuando fracase la red compartida tanto él como los panistas y perredistas que impulsaron el engendro tratarán de culpar al gobierno federal.
