El 2015 está llamado a ser el año del “apagón” de la televisión analógica de señal radiodifundida, es decir, abierta y gratuita para la población, a efecto de que este servicio público sea prestado, en exclusiva, mediante la transmisión de señales digitales de alta definición.
El “apagón analógico” implica cambios importantes. Es, sin duda, un evento deseable desde el punto de vista de la mejora en las condiciones de calidad y desarrollo de nuevas alternativas, atinentes al servicio en el que millones de mexicanos, principalmente aquellos que se ubican en el segmento de “escasos recursos”, de acuerdo con los padrones oficiales, consumen contenidos informativos, culturales y de entretenimiento.
La nota distintiva que se tiene a finales de este año, respecto de la fecha varias veces anunciada y modificada del apagón analógico, no es que deba ocurrir a finales del 2015, como lo mandata la Constitución Política, sino las condiciones que privan de cara al avance de este proceso y, a la luz de las mismas, las complicaciones que pueden surgir tan temprano como el próximo 14 de enero en algunos municipios del estado de Tamaulipas (Matamoros, Nuevo Laredo y Reynosa).
La afirmación anterior no es fatalista, ya que supone que no puede darse un cambio de la magnitud que implica el cese de las señales analógicas de televisión abierta que por décadas han bañado a lo largo y ancho el territorio nacional, que no conlleve retos. Especialmente si tomamos en cuenta la importancia de que el apagón analógico, dada su naturaleza, se deba introducir evitando afectaciones a la continuidad del servicio en espera de que sus beneficiarios (los televidentes de todo el país), lo experimenten con las menores molestias posibles. En este sentido, el hecho de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se hubieran coordinado para que la fecha del apagón en tres municipios de la frontera norte ocurra durante la segunda semana del año entrante y no durante el periodo vacacional que está a punto de iniciar, no es casual. Una vez establecido lo anterior, resulta imperativo que la experiencia que derive del primer apagón analógico del 2015 sea evaluada con toda seriedad y objetividad. Recordemos que el proceso en México tan solo cuenta, a esta fecha, con el resultado notoriamente accidentado de una experiencia previa: la llamada prueba piloto que ocurrió en Tijuana, Baja California, en julio del 2013.
A unas semanas del inicio del año, del apagón y a poco menos de un mes para la verificación de su siguiente prueba en tres municipios de Tamaulipas, el análisis de los resultados de la fórmula establecida en la nueva Política para la Transición a la Televisión Digital Terrestre, publicada apenas en el Diario Oficial de la Federación el 11 de septiembre pasado, la cual obedece sin duda a la necesidad de cumplir con el plazo que se estableció en el decreto de reformas a la Constitución en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, debe ubicar, necesariamente, al universo de usuarios de este servicio, es decir, el público televidente, en el centro de las decisiones que deban ser adoptadas durante el año entrante.
Un hecho que nadie debe soslayar es que el acceso a las señales del servicio de radiodifusión fue elevado, en la misma reforma constitucional, al nivel de derecho fundamental protegido por la Ley Fundamental.
