El reciente anuncio de la compra de Iusacell por la empresa estadounidense de telecomunicaciones AT&T puede considerarse en parte resultante de las nuevas condiciones de competencia efectiva en gestación por la reforma en el sector de telecomunicaciones y radiodifusión.
Sí, pero tomemos estos anuncios, aún pendientes de aprobación por las instancias oficiales del sector, como una propuesta que puede tener ciertamente efectos positivos de nuevas inversiones. No los anunciados 2,500 millones de dólares de la compra, que sólo significan una transferencia de propiedad de esos activos (marca, espectro, base de clientes, concesión, etcétera), sino de montos que expandan la infraestructura de calidad y servicio en el mercado mexicano. Eso está por llegar, en su caso.
La entrada en nuestro país de un operador fuerte como lo es AT&T en el mercado estadounidense involucra una redefinición de los jugadores que competirán en adelante por posicionarse en el mercado.
Sin embargo, también la autoridad debe vigilar que no sea un caso de colusión potencial, en donde AT&T pudiera articular sus estrategias de precios, inversión y competencia contra los demás operadores, junto con Telcel, con lo que los anhelados efectos competitivos de la reforma quedarían aniquilados de inmediato.
Debemos recordar que la colusión se puede definir como el acuerdo para actuar de manera concertada, a todas luces ilícita, contra el resto de las demás empresas, perjudicando la operación del mercado y la generación de competencia efectiva.
Esta certificación y aprobación del IFT debe incluir una investigación de fondo, en la que se identifique si la operación favorece efectivamente el ambiente de competencia. A partir de este momento, el órgano regulador debe implementar un monitoreo para evitar un intento de colusión o simulación de competencia.
En dicho monitoreo debe incluirse la revisión detallada de la posible adquisición de activos de quien hasta hace pocos meses fuera socio accionario, Telcel/América Móvil. Operador que podría haber preelegido a AT&T, en razón de su acaecida relación comercial, para lograr la desincorporación de sus activos y perder el carácter de preponderante.
Un escenario como este caería en un caso de colusión del que podrían desprenderse acuerdos para la fijación de precios para eliminar a los demás competidores, el intercambio de información privilegiada sobre los mercados, la creación de acuerdos de no-competencia entre estos dos operadores, y otras acciones que mermarían o limitarían las condiciones de competencia en el mercado móvil.
En consideración de ello, es tarea del IFT realizar una inspección exhaustiva de la transacción como órgano de competencia en el sector, para que efectivamente de ello derive un auténtico entorno de competencia efectiva que favorezca a actuales y potenciales operadores, pero sobre todo a los usuarios.
