La semana pasada me referí a uno de los beneficios centrales que hoy en día es posible identificar como resultado de la entrada en vigor de la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), concretamente, la baja en las tarifas de los servicios de telecomunicaciones móviles por un lado, y en paralelo, el hecho de que el agente económico preponderante ya no puede utilizar la práctica de discriminar vía tarifas el tráfico de sus usuarios, según tengan por destino su propia red o la red de otros operadores. Son beneficios respecto de los que podemos afirmar que ya se reflejan en el bienestar de las familias, y también, en la competitividad de las empresas.
Hay otros temas que aún están pendientes de resolverse, como es el caso del derecho de los usuarios a cambiarse de compañía telefónica conservando el mismo número telefónico, o como se le conoce en la jerga regulatoria del sector telecomunicaciones: la portabilidad. Sobre este tema, varios senadores de distintos grupos parlamentarios ofrecimos una conferencia de prensa para exigir al IFT que no retrase, en perjuicio de los usuarios, la entrada en vigor del derecho de éstos a poder llevar a cabo el proceso de portabilidad en un plazo no mayor a 24 horas, tal como lo dispone el artículo trigésimo octavo transitorio de la LFTR.
Un tema de especial importancia, por el papel protagónico que tuvo durante la discusión y aprobación de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, es el relativo a la instalación de una red compartida mayorista en la banda de 700 MHz. Se trata, como en su momento lo dije en este espacio, de un proyecto sin parangón a nivel internacional. En los foros que en su momento sostuvimos en el Senado de cara a la discusión de la reforma constitucional, mencioné que uno de los pocos países que habían apostado por un modelo similar era Argentina.
Pues bien, en fechas recientes Argentina desistió de continuar con su idea de desplegar una red compartida mayorista, y en su lugar optó por poner a licitación pública los bloques de espectro inicialmente destinados para esa red, con la obligación para los ganadores del mismo de que en un plazo de cinco años deben cubrir 98% del territorio nacional. El viernes pasado concluyó la licitación, derivada de la cual el gobierno argentino obtuvo ingresos por 2.3 miles de millones de dólares. Un recurso vital para el Estado en estos momentos en que la economía argentina pasa por momentos complicados.
Me quedo con la duda de si una alternativa así, con obligaciones de cobertura a un plazo no mayor a cinco años para los ganadores, combinado con la exigencia de ofrecer uso compartido de las respectivas redes, podría haber sido una mejor opción para nuestro país en términos de política de telecomunicaciones, pero al mismo tiempo generando en forma más oportuna ingresos para el gobierno federal.
*El autor es senador de la República.
