El 27 de agosto pasado los legisladores Ricardo Monreal y Ricardo Mejía, ambos del partido Movimiento Ciudadano presentaron una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) acusando a estaciones de radiodifusión de vender cobertura informativa y al gobierno federal de usar indebidamente recursos públicos para contratar entrevistas y hacer promoción personalizada del Presidente Peña.
En concreto, los legisladores federales se quejaron de la entrevista que Denisse Maerker Ciro Gómez Leyva, Pablo Hiriart, Lily Téllez, León Krauze y Pascal Beltrán hicieron al Presidente Peña, misma que fue difundida por el Canal 11 del Politécnico, Canal 2 de Televisa, Canal 13 y Canal 40 de Tv Azteca, Canal 22 de Conaculta, Milenio TV y el nuevo Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano.
¿Cuál fue la información con que contaron estos dos legisladores para acusar a todos esos Medios -e indirectamente a los comunicadores de aceptar recursos públicos para realizar una promoción personalizada e ilegal del Presidente Peña? Uno se imaginaría que recibos, cheques, audios en donde se trama un complot con los principales medios de comunicación. Pero no, lo único que tenían para presentar la denuncia era un tuit, desde la cuenta oficial del Fondo de Cultura Económico, invitando a ver la entrevista.
Con base en este tuit el INE ha venido realizando una investigación en la que a todas las autoridades y medios electrónicos involucrados, hasta en tres ocasiones, ha cuestionado. Ha sido el interrogatorio tan severo y a la vez sobre temas tan absurdos, que muchos comunicadores y la mayoría de los concesionarios están ya reacios a dar entrevistas a candidatos ahora que ha iniciado el proceso electoral con miras a la elección de 2015. La cantidad de horas que funcionarios del INE y abogados de los medios de comunicación han dedicado a contestar frivolidades llega ya al absurdo.
Lo extraño del tema es que el INE ha abierto toda una investigación cuando expresamente la nueva Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral señala que a fin de salvaguardar las libertades de expresión y “a fin de fortalecer el Estado democrático, no serán objeto de inquisición judicial ni censura las entrevistas y opiniones de cualquier índole”. Pero al parecer el INE le hace juego a algunos partidos para acotar la libertad de expresión.
Este tema será resuelto por el INE en la sesión de mañana en su Consejo General y sentará la pauta para el régimen de libertades (o no) del siguiente proceso electoral. El tema es probable que llegue al Tribunal Electoral e incluso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero deja un mal sabor de boca el tufo restrictivo de algunos partidos que quieren investigar lo que está a la vista de todos. Mientras que el INE coopera, quizá por desconocimiento del nuevo marco legal, a mermar la libertad de expresión de comunicadores y de medios.
Sería más valioso que con sus atribuciones, el INE investigara los vínculos entre partidos políticos y algunos de sus candidatos como el prófugo alcalde Iguala de quien se comenta financiaba las campañas electorales de varios perredistas. Con lo que, ahora sabemos, era dinero proveniente del crimen organizado.
*Cambiando de tema: 1) Si bien la Ley de Ingresos ya pone precio a la banda de 700 MHz para iniciar la construcción de la Red Mayorista del Estado lo que significará un gasto enorme de recursos públicos la banda de 2.5 GHz, mayoritariamente en poder de MVS, no tiene aún precio asignado. Así que para este año no se podrá hacer nada con ella. Quizá esto derive de los litigios que han surgido luego de los refrendos que la SCT dio a MVS, cuando se alega que debieron de haber sido dados por el IFT. Se argumenta que la SCT ya no tenía facultades para ello. El tema está en juzgados federales.
2) Luego de la comparecencia del IFT ante el Senado, quedó claro que ninguno de los comisionados está seguro de que el apagón de la TV analógica se pueda realizar en diciembre de 2015 como señala la Constitución. Los comisionados dicen no saber cómo está operando el reparto de televisores por parte de la SCT y la Sedesol, lo que motivó que en el Senado se cite a comparecer a estas dependencias para que expliquen cómo va el reparto de más de 13 millones de televisores.
3) Quienes ya empiezan a mostrar inquietud por el reparto de televisores en año electoral son los panistas. El fin de semana, el vocero de los diputados panistas, Juan Pablo Adame, criticó el reparto electoral de televisores y adelanta que el PAN intentará frenar el reparto durante los meses de campañas electorales el año entrante (febrero a junio de 2015). Si esto sucede, la meta de concretar el apagón analógico se vería afectada. Vale la pena recordar que los diputados priistas sí frenaron, en procesos electorales, el reparto de decodificadores que quiso hacer el gobierno del presidente Calderón. Así que ahora el PAN piensa pagarles con la misma moneda. Nada más que habría que recordar que quien arbitrariamente puso la fecha del apagón en año electoral (2015) fue el propio PAN durante la vigencia del “Pacto por México”.
De posponer la entrega de televisores, se tendría un efecto negativo en la digitalización del país y en la licitación de las nuevas cadenas digitales de TV. Pero si avanza la entrega de televisores se darían serios cuestionamientos en el proceso electoral de 2015, incluso pudiéndose anular elecciones. ¿Nadie hizo un balance de estos temas antes de modificar la Constitución?
