El mandato constitucional de la reforma en telecomunicaciones prevé la instalación y operación de una red pública compartida de telecomunicaciones al mayoreo. Con ello busca constituirse como un instrumento complementario en la política del Estado para garantizar el derecho de acceso a los servicios de telecomunicaciones para todos los mexicanos, sobre todo en aquellos lugares en los que la sola operación del mercado no ha posibilitado la cobertura del servicio.
También se busca con esto que actúe como capacidad complementaria para los operadores de telecomunicaciones, en términos de menores barreras a la entrada para competidores actuales y nuevos entrantes.
Incluso, ha trascendido que existe ya una primera propuesta de algunos fabricantes de equipos de telecomunicaciones para conformar el consorcio, con la propuesta presentada por Ericsson conjuntamente con Alcatel-Lucent al IFT.
El diablo está en los detalles
Hasta aquí todo suena bien, pero quién lo paga, lo construye y opera es clave para la viabilidad de todo este objetivo nacional.
Para ello se consideran aportaciones de capital mediante una Asociación Público-Privada (APP). El gobierno aportará el espectro en la banda de 700 MHz para la operación de la red compartida, aunado a la red troncal de fibra óptica de la CFE.
Es importante poner el énfasis en la conveniencia de que la operación de la red quede en manos de la entidad privada dentro de la asociación. Esto no resulta de dogmatismo alguno, sino más bien de la memoria histórica y de la evidencia de que el gobierno nunca ha sido un operador eficiente. Incluso, de ser un operador gubernamental, representaría un caso de competencia desleal, al tener cautivo al mismo segmento gubernamental, sin necesidad alguna de licitar para adjudicarse esos contratos a nivel federal, estatal o municipal.
¿Desplazamiento o de atracción?
No obstante todo lo anterior, no debemos olvidar los efectos potencialmente perniciosos que pueden resultar de esta autoadjudicación del Estado de espectro en la banda de 700 MHz, frecuencias del espectro radioeléctrico que demuestran ser valiosas para proveer servicios móviles de nueva generación. Esto resulta en un efecto de desplazamiento (crowding-out effect) de la inversión y la actividad del sector privado por el sector público. Es crucial que en este empeño por la cobertura y la competencia, el gobierno no vaya a privar de recursos esenciales (i.e. espectro), financieros ni a sacar del espacio del mercado (por decreto) a los agentes económicos privados. No vaya a resultar ser una buena intención social y económicamente hablando, que se materialice en efectos nocivos como aquellos de los que abundamos durante la expansión estatista de los años 60 y 70.
Una especie de estatismo y populismo de telecomunicaciones en versión 2.0. En efecto, el proyecto de conformación de la red compartida debe, bajo el mandato constitucional actual, representar una suma de esfuerzos sectoriales, pero no resultar en una tentación de estatismo digital.
En el proceso de su instalación no se descartan retos y riesgos, por ejemplo, cuáles serán los dispositivos que se van a utilizar, puesto que en el mercado aún no hay una gran oferta de equipos disponibles y habilitados para explotar la banda de 700 MHz, así como esperar a que concluya la transición a la TDT.
De un eficiente diseño, planeación e implementación de esta política pública y privada, dependerá lograr alcanzar los objetivos referidos en términos de cobertura social y competencia efectiva, sin generar simultáneamente mayores costos económicos y sociales.
