2021.02.03
Vía El Economista
En los primeros dos años de gobierno del presidente López Obrador hemos visto decenas de decisiones de política pública y regulación que se asumen con base en posiciones ideológicas o, incluso, llegan a ser producto del simple voluntarismo del presidente, sin que medie cálculo alguno de costo-beneficio.
Para evaluar las decisiones políticas y regulatorias necesitamos ciertos marcos conceptuales. El más común es el económico y se refiere a conseguir el objetivo con el menor número de recursos, pero siempre sujeto a límites éticos, como el respeto a la vida, los derechos humanos y el medio ambiente. Uno podría pensar que a López Obrador le interesaría maximizar los derechos humanos (como el acceso a la salud) por encima del costo económico, pero, entonces ¿cómo podríamos entender la decisión de destruir el sistema de aprovisionamiento de medicamentos del sector público con el único propósito de ahorrar, sin que nadie haya medido las consecuencias en la vida de los niños con cáncer o los efectos de la pandemia? Aparentemente, la única consideración y fin de esa política fue económico, aún a costa de los límites éticos tradicionales.
En la literatura académica sobre regulación, Baldwin y Cave señalan que para analizar si una política pública o regulación es buena se deben tomar como referencia cinco criterios: (I) el mandato legislativo; (II) mecanismos de rendición de cuentas; (III) transparencia y consultas públicas; (IV) experiencia del regulador, y (V) eficiencia. Así, la regulación es válida si, en primer lugar, cumple con el mandato de la ley. Recordemos que el poder ejecutivo es el encargado de hacer cumplir la ley pero en la mayoría de los casos ésta es muy genérica, por lo que el regulador siempre tiene un cierto grado de flexibilidad para actuar conforme a las circunstancias concretas. Aún cumpliendo con el mandato legal, el regulador debe siempre someterse a procedimientos transparentes de rendición de cuentas, de tal manera que un tercero con representatividad democrática y sin conflictos de interés, analice e informe a la sociedad sobre los efectos de cada política pública o regulación.
El reciente caso de la presión presidencial sobre la Auditoría Superior de la Federación nos demuestra que aún estamos muy lejos de contar con mecanismos confiables y neutrales de rendición de cuentas. Aunque el presidente ha pretendido someter algunas de sus decisiones más polémicas a supuestas consultas públicas, estos ejercicios se han circunscrito a localidades aisladas o a consultas organizadas y supervisadas por el partido político del presidente o por su gobierno, y aún así, si el resultado no satisface al presidente, como sucedió en el caso de la termoeléctrica de Huexca, la voluntad de éste se ha impuesto. En áreas altamente especializadas, los reguladores deben contar con experiencia probada. Este requisito empezó a cumplirse con los órganos constitucionales autónomos y los desconcentrados con autonomía, como la Comisión Nacional de Hidrocarburos o la Comisión Reguladora de Energía, pero el presidente presionó los mecanismos de designación para que al final quedara gente incompetente pero leal a la persona e ideología del presidente. Por último, el requisito de eficiencia se refiere a que se obtuvo el fin deseado con el menor gasto. Claramente, la estrategia del gobierno también sale reprobada en eficiencia. Por ejemplo, en la estrategia de vacunación, se ha preocupado más por que las personas se hayan registrado antes y que se vacunen en su lugar de residencia y conforme al orden alfabético de su apellido que por el hecho mismo de vacunar al mayor número de personas en el menor tiempo posible.
El espacio de este artículo es muy pequeño para analizar las mejores prácticas en regulación y política pública, pero espero que sirva como punto de arranque para el debate sobre los riesgos y retrocesos que implica el voluntarismo presidencial para la eficiente operación del estado.
