2020.12.22
Vía El Economista
Lo hemos venido comentando prácticamente desde que inició la administración del presidente López Obrador, no hay duda que su visión sobre la gestión gubernamental está anclada en lo que prevalecía en América Latina en los años 60 y 70, período en el que el Estado había adquirido un rol más activo en la actividad económica, entre otras razones, porque prevalecía una idea utópica de que la mejor forma de distribuir el ingreso es que fuera el Estado quien a través de su participación en distintas ramas de la economía se encargara de subsanar todas las deficiencias en los mercados que los empresarios guiados “por su perversa avaricia” no solucionaban y al no hacerlo, le encarecían la vida a todos. Esa visión incluía en varios países latinoamericanos, hay que decirlo, la idea de que el Ejército podía tener un papel central, no solo como garante de la defensa nacional, sino como administrador público, y desde luego, como gobernante.
El presidente López Obrador, después de cuestionar de manera sistemática durante años a las fuerzas armadas, hoy es su principal aliado y promotor. En estos dos años ha ido perfilando una actitud y visión con respecto al Ejército y la Marina muy distinta a esa con la que pidió el voto de los mexicanos bajo el ofrecimiento de que con un gobierno encabezado por él todo sería diferente. Los ha convertido en constructores de obra civil, en administradores de proyectos, en policía, en administradores de puertos, en administradores de aeropuertos, y ya el domingo anunció, que incluso estarán a cargo de la operación del Tren Maya, a través de una empresa “que dependa de las Fuerzas Armadas, con el propósito de que sea buena la administración de el (sic) tren, de los aeropuertos, que sea autosuficiente y que las utilidades de esta empresa se destinen a fortalecer las finanzas para pensionados y jubilados de las Fuerzas Armadas tanto de la Secretaría de Marina como de la Secretaría de la Defensa”.
Aún cuando los avances del proyecto del Tren Maya son realmente incipientes, el presidente ya está dictando cuál deberá ser su política de precios y ya desde ahora anticipa que la empresa que administre el tren generará utilidades, tales que servirán “para financiar las pensiones de marinos y de soldados”. Es muy temprano para emitir valoraciones sobre los lineamientos en materia de precios que ya está dictando el presidente. Pero una pregunta muy relevante en este momento es ¿con qué criterio se definió que las utilidades de esa empresa, si es que las llega a tener, serán destinadas a financiar las pensiones de las fuerzas armadas? ¿por qué?
No tengo nada en contra del Ejército o la Marina, desde luego, pero de ahí a aceptar que se conviertan en un agente económico de peso y que con ello cada vez tengan mayor influencia en las decisiones de política en nuestro país, hay un gran trecho.
Por lo pronto, el cariño del presidente con el Ejército se refleja obviamente en el presupuesto. Por ejemplo, para el 2021, la Secretaría de la Defensa Nacional obtuvo un mayor incremento, tanto en pesos como en términos porcentuales, que la Secretaría de Salud, por ejemplo. Tan solo para el primer trimestre del 2021, período en el que México seguirá sufriendo el embate de la pandemia del Covid-19, el gobierno del presidente López Obrador destinará, en comparación con el primer trimestre de 2020, 44% más a la Sedena, 171% más a la Secretaría de Energía y 192% más a la Secretaría de Turismo, mientras que a la Secretaría de Salud solo un 22% más, todos en términos nominales. ¿No se supone que debería ser un momento para hacer un mucho mayor esfuerzo en el sector salud? Todo indica que importa más el cariño por el Ejército que la salud de los mexicanos.
