En esta semana se cumple el primer año de vigencia de la reforma constitucional en telecomunicaciones y el corte de caja es bastante desfavorable para la industria y sus usuarios. Con esperanza, hace un año festejamos el acuerdo alcanzado por los partidos políticos mediante el cual, ahora sí, con veinte años de retraso, se podría regular a los agentes preponderantes y propiciar mayor competencia, inversión y calidad.
Varios señalamos los defectos de la reforma, su deficiente redacción y las complicaciones que traería su debida implementación, pero jamás pensamos que a un año de distancia estaríamos peor que como estábamos. Un año después vivimos una industria en que la inversión se ha detenido, los nuevos competidores no vienen, la calidad de los servicios se degrada y la penetración disminuye. Y es que no hay empresa en el mundo, dominante o no, que invierta un centavo mientras no sepa con certeza cuáles son sus derechos y obligaciones frente al Estado, la autoridad, los competidores y los usuarios.
Aunque los partidos se autoimpusieron la obligación constitucional de tener lista la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión a más tardar el 9 de diciembre del año pasado, el día de hoy siguen retrasando el trabajo en comisiones y convocando a marchas y cadenas humanas con el afán de proteger a su benefactor. Los panistas afines al senador Javier Corral y todas las tribus perredistas pretenden hacer de una ley técnica con enfoque económico una plataforma para la defensa de sus intereses políticos.
Para ellos la libertad se defiende teniendo a un grupo de notables que nos diga qué podemos ver y qué debemos oír, porque somos tan poca cosa que las telenovelas y el fútbol nos embrutecen. Para ellos los derechos de las audiencias consisten en atascarnos de su propaganda, en obligar a los medios a transmitir como noticia relevante cualquier estupidez que se les ocurra y en dirigir ellos el nuevo sistema estatal de radiodifusión.
Debo reconocer que los perredistas por lo menos son consistentes en su afán de utilizar la figura políticamente correcta de las radios comunitarias para que sus colectivos sociales (léase Superbarrio y las organizaciones controladas por el Señor de las Ligas) hagan propaganda política a su fervor, como sucede en la Venezuela de Maduro y en la Argentina de Kirchner, pero no puedo entender que los panistas se traguen el cuento de las radios comunitarias sin fines de lucro que pueden comercializar publicidad. Ellos no quieren estaciones sin fines de lucro; ellos quieren lucro sin fin que les permita operar un sistema de propaganda política disfrazado de causa social.
Así como los perredistas quieren sus concesiones de radio social, los panistas retrasan la aprobación de la nueva ley hasta que los congresos estatales les aprueben su reforma política. Como marchantes en La Merced, intercambian favores para ver si en el 2015 pueden dejar el tercer lugar en las preferencias del electorado. Mientras tanto, América Móvil sigue violando la Constitución al beneficiarse de la regla de gratuidad del mustoff era través de Dish; sigue bloqueando la competencia al cobrar más caro por llamadas a sus competidores que entre sus propios usuarios, sigue sin cumplir con sus obligaciones de preponderancia e impide el acceso de la competencia a los centros comerciales propiedad del ingeniero Slim, como lo ha manifestado el presidente de Telefónica Movistar, Francisco Gil Díaz.
Como ejemplo de la mezquindad de los partidos políticos va un dato preocupante: durante el primer trimestre de este año se desconectaron 2 millones 100,000 líneas de telefonía móvil. Gracias a la grilla los mexicanos estamos peor conectados que hace un año.
