2020.07.07
Vía El Universal
El Poder Judicial Federal en México y en todo el mundo está diseñado como equilibrador para frenar excesos de cualquier autoridad. En México, esto se ha convertido en algo muy importante dado que los otros dos Poderes de la Unión, el Ejecutivo y el Legislativo, están controlados por Morena y sus aliados. Así, los juzgadores federales son un equilibrio para asegurar que la ley vigente se cumpla.
Y justo por las facultades tan importantes que tienen los jueces, entre ellos el poder frenar cualquier acto de autoridad, es que, sin preguntarles, se les quiere llevar a una batalla política. Por un lado, grupos de activistas, con una gran animadversión a la 4T y Morena, apuestan a juicios estratégicos para frenar políticas públicas del gobierno. Lo han intentado para frenar el aeropuerto de Santa Lucía y el Tren Maya. En estos litigios estratégicos, el gobierno ha señalado a organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. La de los litigios estratégicos es una práctica que, por cierto, se hace en todo el mundo y es parte de una realidad que no nos debe asustar.
Pero el gobierno federal también viene intentando ejercer presión a los juzgadores para que éstos fallen a su favor: se ha quejado de los frenos que jueces han puesto a las ocurrencias energéticas de la Secretaría de Energía, cuyos trámites ni siquiera pasaron por los filtros regulatorios del propio gobierno; se molestó porque frenaran que el presidente Andrés Manuel López Obrador enviara cartas firmadas por él a todos los cientos de miles de destinatarios de apoyos económicos del IMSS (se trataba de propaganda personalizada, lo que está prohibido desde 2007); no le ha gustado que el Poder Judicial de la Federación (PJF) también ha ordenado mantener los salarios de funcionarios de organismos públicos autónomos.
Y, más recientemente, al aparato de seguridad federal no le ha gustado que presuntos delincuentes sean liberados por haber sido detenidos en domicilios sin las órdenes de cateo requeridas. Ahí está lo que el secretario de la Defensa llamó ayer “la puerta giratoria” (portada de Excélsior), o la carta de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, enviada el viernes pasado al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, en donde, con desconocimiento, pide dar “línea” a juzgadores federales, en un claro intento de presión al PJF.
Desde luego, en temas de seguridad, el hecho de que una grabación entre el abogado y la madre de José Ángel Casarrubias Salgado, El Mochomo, diera a entender un probable acto de corrupción en un juzgado penal federal, está siendo explotado por el gobierno para su beneficio.
¿Qué sigue? Pues seguramente el movimiento anti-López Obrador seguirá con lo que consideran “litigios estratégicos”, pero también el gobierno buscará presionar a los jueces para que fallen a su favor.
El presidente de la República ha sido muy claro en ello: I) no le importó dar a conocer los audios de presunta corrupción entre el abogado y la madre de El Mochomo, al tratarse del relevante caso de Ayotzinapa, a pesar de que se pudo haber violentado el debido proceso al filtrar grabaciones a medios, lo que la ley prohíbe expresamente; II) no tuvo reparo en señalar que el secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, quien habría recibido dinero de la defensa de El Mochomo para su libertad, había cometido una afrenta contra el Estado mexicano, pero no se condena ni de cerca con la misma fuerza al crimen organizado en el país, luego de varios hechos muy violentos; y, finalmente, III) ayer en la conferencia mañanera, al hablar de corrupción (caso Lozoya), el Presidente señaló que ésta se combatiría en “el tribunal del pueblo”. ¿Qué quiso decir? ¿Están pensando en nuevos tribunales o en linchamientos públicos?
El país vive momentos de gran polarización y tremendos problemas en lo económico, lo social, en la seguridad pública y, desde luego, en la salud pública. El gobierno y sus opositores, en el contexto de las elecciones venideras de 2021, van a tratar de buscar fallos judiciales a su favor: unos para detener, en lo que puedan, a la 4T; y, por otro lado, la misma 4T tratará de implementar sus reformas sin cortapisa alguna (sin importar violar, incluso, leyes y procedimientos vigentes).
Los jueces vivirán un periodo de gran tensión y presiones. Deberán estar a la altura de las circunstancias y saber que están pisando terreno minado. Cualquier acto de corrupción o fallo sin fundamento será capitalizado en lo mediático.
Incluso, el respeto institucional que hasta ahora había mostrado el presidente de la República para con el PJF –pues autorizó sin cambios su Presupuesto de Egresos para este 2020 y mandó al Congreso una Reforma Judicial hecha por ellos mismos– parece estar en riesgo. Y es que, ante todo, el presidente López Obrador es un “animal político”, y su discurso y lógica está ya centrado en las elecciones del año entrante.
En mejores manos no puede estar en estos momentos la conducción del PJF. El ministro Zaldívar es una persona íntegra, que no viene de las viejas estructuras del poder en México y además goza de una intachable reputación entre actores políticos y económicos. Como prueba de su liderazgo está su fuerte respuesta a la carta de la secretaria de Gobernación del fin de semana, al decirle –de manera elegante- que su escrito desconocía hasta cómo operaba el Poder Judicial y destacó su autonomía.
Pero lo que viene para el PJF requerirá no sólo de su diligente trabajo, sino de que miles de juzgadores federales que, so pretexto de su autonomía, no pueden cometer excesos y que sus fallos deben de ser los más sólidos; de lo contrario, van a estar en la línea de fuego como nunca antes. Estos son momentos en los que todos necesitamos a un Poder Judicial fuerte y que ponga orden, si no queremos que se cometan excesos y que, sencillamente, se consolide un México de arbitrariedades.
Para ser claros, es el momento del PJF. No será fácil, pero si lo hace bien, si logra frenar los excesos de uno y otro lado, México se consolidará como un país de instituciones. Si no…
