Gerardo Flores
Este sábado 1 de febrero inicia el segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año del ejercicio de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión. Con ello también iniciará un periodo de días intensos en los que en ambas cámaras del Congreso se analizarán, discutirán y votarán diversos proyectos de legislación de importancia central para el futuro de México.
Como lo he venido mencionando en este espacio, en las colaboraciones recientes, los temas que seguramente más acapararán la atención son, sin lugar a dudas, los relativos a la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica por un lado y a la legislación secundaria en materia energética, por el otro.
Antes de entrar de lleno a las cuestiones específicas sobre lo que resulta necesario incluir en ambos ejercicios legislativos, resulta fundamental que revisemos qué fue lo que nos llevó a emprender estas dos reformas, las cuales buscan transformar de fondo los sectores de las telecomunicaciones y energía.
En el caso del primero, no podemos olvidar que un deficiente marco legal, combinado con autoridades reguladoras que carecieron de la audacia suficiente sobre todo en los últimos 12 años para construir una reputación que hiciera creíbles sus decisiones y por tanto, eficaces, resultaron en que hoy en día México se destaque por ser el país donde un solo operador controla más de 70% del mercado móvil y 80% del mercado fijo y que ese mismo operador mantenga márgenes de ganancia que han llegado a duplicar aquellos que se observan en los mercados en los que sí existe competencia efectiva.
No podemos olvidar que como consecuencia de esa excesiva concentración que se traduce en falta de competencia efectiva los mexicanos hoy paguen tarifas más altas de lo que deberían pagar por los servicios de telecomunicaciones que utilizan, que la calidad esté por debajo de la que se observaría si hubiera un mercado más competido y que el aletargamiento que imprime al mercado un operador con ese nivel de concentración se refleje en una infraestructura de telecomunicaciones insuficiente para los niveles de desarrollo a los que aspiramos para México. No podemos olvidar que esta excesiva concentración en los mercados de servicios fijos y móviles se traduce en una pérdida en bienestar descomunal para los mexicanos cada año, misma que la OCDE estimó recién a principios del 2012 en 26,000 millones de dólares anuales.
Así, hago votos para que mis colegas legisladores no pierdan de vista este dato cuando se discutan las diversas disposiciones reglamentarias que deberán quedar incorporadas en el nuevo marco legal, para que no caigan como presa fácil del falso debate que algunos todavía pretenden impulsar al advertir que ser grande no es malo, que si los otros no crecen es porque no invierten, que es indebido e injusto que otros utilicen la infraestructura del grandote, etcétera. Para eso justamente es la regulación: para que la inversión sea productiva y no se malgaste duplicando infraestructura; además de que, como resultado de mejores inversiones, la gente se beneficie de mejores precios, calidad y disponibilidad del servicio. Ése debe ser nuestro único objetivo.
Postre
Sorprende que mis colegas senadores del PRD vayan a normar su criterio de cara a esta discusión teniendo como guía al último Presidente de la Cofetel, cuyo mayor logro es haber incrementado el nivel de concentración en el mercado de las telecomunicaciones.
