Javier Tejado Dondé/ Reforma
¿Qué modelo de país seguiremos para el sector de las telecomunicaciones ahora que hay un nuevo órgano regulador, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), nuevos tribunales especializados y que se tendrán que rehacer todas las leyes en la materia?
Dos modelos regulatorios son los referentes latinoamericanos: Chile y Venezuela. El primero tiene un regulador pequeño y eficiente, la Subsecretaría de Telecomunicaciones; leyes que imponen restricciones regulatorias y burocratismos al mínimo, y tribunales eficientes e independientes. Tiene procesos de licitación que privilegian la cobertura y el tiempo para el despliegue de infraestructura, aunque han migrado a licitaciones por puntaje. En todo caso, se castigan severamente incumplimientos mediante la ejecución de “boletas de garantía”. El resultado es un país que cuenta con la inversión per cápita en el sector telecomunicaciones más alta en la región (casi 140 dólares) y un crecimiento anual en inversión en infraestructura cercano a 40 por ciento. Chile es uno de los países latinoamericanos mejor “conectados”, con 40 por ciento de sus hogares con acceso a banda ancha y 22 por ciento de sus habitantes a banda ancha móvil.
El otro modelo es Venezuela. Su regulador, presuntamente autónomo, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, en realidad tiene poca independencia y desde el año pasado está adscrito al “Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información”. Se privilegian las licitaciones con adjudicación directa. La ley sobrerregula cada detalle de la actividad económica. Pretende “democratizar” los medios de comunicación, pero en realidad deja todo a discreción oficial. Existe la obligación de dar con cualquier excusa “cadenas” de radio y TV al Gobierno chavista. Se castiga severamente el periodismo crítico (en 2013 se inició un procedimiento de sanción a Globovisión por reportar sobre el desabasto de productos). Se dan apoyos a “productores nacionales independientes” y a medios “comunitarios”, que rápidamente son cooptados por el Gobierno. Las multas son sobre porcentajes de ingresos brutos, con lo que la libertad de expresión está prácticamente anulada por temor a las sanciones. Desde 2004, el Tribunal Supremo de Justicia y una buena parte del poder judicial han perdido, de facto, autonomía. Como resultado, Venezuela registra una inversión per cápita en el sector telecomunicaciones de apenas 21 dólares. Menos de 10 por ciento de sus hogares cuenta con banda ancha y menos de 5 por ciento de sus habitantes con banda ancha móvil.
En México, el texto que aprobó el Congreso en 2013 es una mezcla de ambos modelos. El ánimo pactista del año pasado dio cauce a poner en la Constitución elementos de economía de mercado (modelo chileno). Pero también estatistas y de sobrerregulación (modelo chavista), empujados por el PRD.
El resultado para México ha sido, hasta ahora, muy malo. El año pasado, el crear un nuevo regulador y tribunales especializados, acabar con la suspensión en amparo para los juicios en telecomunicaciones y tener una confusa regulación constitucional ocasionaron que la inversión en infraestructura cayera un estrepitoso 27 por ciento y que, ante la incertidumbre, los operadores invirtieran un porcentaje mucho menor de sus ingresos (ratio inversión/ingreso 15 por ciento en 2013 vs. 22 por ciento en 2012).
Ahora, el Ejecutivo y el Congreso deberán definir qué modelo se implementará en el País. Un modelo mixto no funciona. Definir qué tipo de leyes se quieren, qué tipo de regulador se forjará, qué tipo de libertades para los medios y el periodismo electrónico, cuál será el mecanismo para asignar las valiosas concesiones de espectro radioeléctrico (telefonía móvil, banda ancha o radiodifusión), cómo participarán las paraestatales en la competencia con las empresas privadas, cómo se asegurarán mejores servicios para los consumidores y audiencias en México, cómo se fomentará que las importantes empresas mexicanas de comunicación puedan seguir compitiendo en el extranjero exitosamente. Todo ello representa un reto sin precedentes para el Estado mexicano.
Si se toman las decisiones adecuadas, no sólo mejorará la calidad de los servicios, también la creación de empleos y la inversión en el sector telecomunicaciones. Cuando se creó una Ley de Telecomunicaciones de vanguardia (1995) y se constituyó la Cofetel (1996), con funcionarios altamente capacitados, el porcentaje de ratio inversión/ingreso fue cercano a 50 por ciento. La competencia y las inversiones florecieron, pero desaparecieron cuando, con la llegada del Gobierno foxista, cambiaron los comisionados de la Cofetel y se dejó de regular al operador dominante.
Ahora que conocemos las ventajas y desventajas de cada modelo, habrá que ver por cuál opta la clase política.
Twitter: @JTejado
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Director de Información de Televisa y fundador del IDET.
El texto no necesariamente representa las opiniones de las instituciones mencionadas.
