Eduardo Ruiz Vega/ La Razón de México
La reforma constitucional en materia de telecomunicaciones es de gran calado. Tanto así, que su instrumentación requiere profundos cambios a nivel de legislación federal. Todos lo sabemos.
No obstante ello, ya ubicándonos en la última cuarta parte del plazo de 180 días que el Congreso de la Unión se autoimpuso para emitir las reformas legales necesarias, al día de hoy no se tiene claro siquiera si la iniciativa respectiva existe y, de ser el caso, de la persona o grupo que “trae la bolita”.
En efecto, contrario a la ratio legis de la reforma misma, la ausencia de transparencia en este proceso ha cedido, estrepitosamente, ante el nacional deporte de la rumorología. Un día sí, y otro también, leemos que está lista la iniciativa en el Pacto por México. También que no será este mecanismo, sino el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (sic.), la instancia que elabora el documento. En ambos escenarios el Legislativo federal queda mal parado, ya que se le asume como mera instancia de trámite.
Lo cierto es, más allá de los rumores, que existen dos iniciativas presentadas por legisladores federales para construir la denominada ley convergente en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, con lo que, finalmente, cesaría la existencia en nuestro derecho positivo de las actuales leyes federales que rigen a estas actividades reguladas, hoy identificadas como servicios públicos.
La primera iniciativa fue presentada hace unos días por la diputada Purificación Carpinteyro Calderón. Acto seguido, sucedió lo mismo al presentar un grupo de senadores encabezados por Javier Corral Jurado, como suyo, el proyecto elaborado por la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, conocida como AMEDI. Ambos proyectos serán sometidos al proceso de discusión y eventual dictamen; sin embargo, hay señales que indican que ninguno de ellos hace las veces de un `Caballo de Troya` para encaminar el fruto de los acuerdos que hubieren sido alcanzados en el seno del Pacto por México.
La razón, estimo yo, es simple. La semana pasada el Senado de la República organizó un foro internacional de tres días para escuchar propuestas relativas al contenido que debe tener el nuevo marco jurídico ordenado en la Constitución Política. En ese foro destacaron la activa presencia y el posicionamiento ejercido por los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones o Ifetel. Si algo quedó claro después de este ejercicio es la ausencia de claridad, o de transparencia, respecto del estado de avance de una iniciativa de consenso, indispensable para lograr el fast track requerido para cumplir con el plazo de 180 días establecido al efecto.
A la luz de lo anterior, me atrevo a especular que el plazo “fatal” no lo será. Al ser ésta una disposición jurídica imperfecta, es decir, cuyo incumplimiento no acarrea sanción alguna, podemos inferir que el transcurso de los días no resta el sueño a nuestros legisladores y políticos involucrados. Ellos no tienen prisa, no representan a una industria parada hace cerca de un año al haber sido puesta en jaque por falta de reglas claras.
Esta indolencia debería servir de ejemplo para otras reformas estructurales cuya aprobación se pretenda lograr rápidamente al combinar dos elementos básicos: músculo brutal de poder y una falsa promesa de detallar adecuadamente lo que la prisa impidió, mediante la expedición de normas secundarias en un plazo determinado y breve.
Por ello más que preguntar deberíamos exigir respuesta a la pregunta de ¿en dónde quedó la bolita? No nos vaya a pasar como a nuestros antepasados que ilusamente cambiaron oro por espejitos
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