Gerardo Soria/ El Economista
En el país, las aguas están agitadas, esperemos que no entren en ebullición. Es cierto que reformas de gran calado siempre trastocan intereses enquistados y que la molestia de los grupos afectados es previsible. La mayoría de las reformas impulsadas por el presidente Peña Nieto va en el sentido correcto, pero queda la percepción de que en aras de lograr las reformas energética y fiscal está cediendo demasiado a los intereses de las dirigencias del PAN y del PRD.
Aunque molesten, las reformas son necesarias, pero deben hacerse siguiendo las mejores prácticas internacionales en materia de competencia y productividad y no como moneda de cambio, aceptando los caprichos de los grupúsculos que controlan (por ahora) al PAN y al PRD.
Es sabido que gran parte de la reforma de telecomunicaciones la hicieron esos partidos. En términos generales, la reforma va en el sentido correcto, pero no deja de llamar la atención el monopolio estatal de la banda de 700 MHz y la incursión del Estado como operador de telecomunicaciones. Las mejores prácticas internacionales indican que las fuerzas del mercado deben actuar en todas las regiones y sectores donde sea económicamente viable y, sólo en aquellas regiones o segmentos donde los costos de inversión y operación sean superiores a los ingresos, el Estado debe participar con subsidios bien dirigidos con los que puedan competir las empresas.
El monopolio de la banda de 700 MHz, aunado a la red troncal de la Comisión Federal de Electricidad, constituirán una red dominante cuyos elementos esenciales deberían ser desagregados en los términos de la propia reforma constitucional. Aún más, todos los insumos con los que se construya esta red, incluyendo, por supuesto, al espectro radioeléctrico, deberán ser adquiridos a su valor de mercado y todos los contratos que obtenga del Estado deben ser adjudicados mediante licitación pública, de manera que se garantice el mejor precio y calidad. Aun en regiones no rentables, la red estatal debe competir con los operadores privados por los subsidios que el erario público canalice a la cobertura universal. De otra manera, esta red se convertirá en un elefante blanco que terminaremos pagando todos y que, en realidad, no era necesario.
Ésta y otras definiciones esenciales deben ser incorporadas a la legislación secundaria que el Congreso de la Unión debe tener lista para el 9 de diciembre del 2013. Llama la atención, sin embargo, que los proyectos de legislación que han salido a la luz incorporan más rencor que conocimientos técnicos y parecen más una vendetta personal de las cúpulas del PAN y del PRD que un ejercicio legislativo serio.
Aunque Molinar, Creel, De Swaan, Corral, Carpinteyro y otros se esfuerzan en poner el énfasis en la industria de la radiodifusión, al más puro estilo chavista, lo cierto es que la gran brecha digital que debe ser corregida es la de las telecomunicaciones fijas y móviles, mercados a los que 17 años de tímida competencia poco han cambiado y que sí tienen un efecto inmediato y directo en la productividad del país. Debemos estar muy pendientes de la iniciativa que salga del Consejo Rector del Pacto por México.
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