Ernesto Piedras/ El Economista
Es urgente que el Ejecutivo y el nuevo órgano regulador mejoren la planeación del proceso hacia la TDT
Con antelación, he indicado en este espacio los múltiples e innegables beneficios que trae consigo la transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT). A manera de resumen, basta asegurar que ésta permitirá a los televidentes disfrutar de contenidos con una mejor calidad de audio y video, eliminará las interferencias y facilitará el acceso a nuevos servicios de valor agregado. Adicionalmente, la migración hacia las señales digitales permitirá liberar la banda de 700 MHz, lo que representa una oportunidad sin precedentes para aumentar la oferta de servicios de banda ancha, incrementar la competencia en el sector y reducir la brecha digital que vive el país.
En México, el proceso de transición hacia la TDT inició hace más de nueve años; no obstante, los tiempos previstos en el cronograma original se han venido rezagando debido a múltiples problemas en el proceso de ejecución. En el caso de Tijuana, por ejemplo, no fue sino hacia finales del 2012 cuando, ante la inminencia del apagón, se puso en marcha un programa para instalar gratuitamente decodificadores y/o antenas en los hogares de bajos recursos que dependen exclusivamente de las señales abiertas de Televisión.
Los esfuerzos realizados por la entonces Cofetel resultaron insuficientes y, por tanto, fue necesario posponer la realización del apagón un par de meses, con el fin de dotar de aparatos decodificadores a los hogares. Tras la culminación de la transición en Tijuana, se anunció que el apagón analógico en Monterrey, Nuevo Laredo, Matamoros, Reynosa y Ciudad Juárez, planeado para noviembre del presente año, debía ser pospuesto seis meses más. La razón de este retraso obedeció a la carecía de recursos para distribuir decodificadores entre la población.
Cuando pensábamos que no era posible retrasar aún más el proceso de transición, el pasado lunes el Comité Técnico del Fondo de Cobertura Social en Telecomunicaciones (Foncos) tomó la decisión de cancelar los 1,448 millones de pesos asignados a la licitación para la instalación de decodificadores y antenas digitales en estas ciudades fronterizas. Esta decisión obedece a que es el Ejecutivo federal quien debe destinar los recursos y no el nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel). La decisión del Foncos constituye un duro golpe al proceso de transición, pues, invariablemente, se verá reflejado en modificaciones al cronograma vigente.
Debido a los múltiples retrasos que ha sufrido el proceso de transición y al margen de las facultades del nuevo Ifetel, vale la pena preguntarnos de qué forma logrará México culminar el proceso de migración el 31 de diciembre del 2015. Es urgente que, tanto el Ejecutivo como el nuevo órgano regulador tomen decisiones encaminadas a mejorar la planeación del proceso de transición hacia la TDT, ya que ha sido precisamente la falta de decodificadores y antenas lo que ha frenado todo este proceso en más de una ocasión. Resulta fundamental que la experiencia internacional y las lecciones derivadas del apagón analógico hasta la fecha sirvan como referencia para la realización de las siguientes etapas de esta importante transición.
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