Roberto García Requena/ Ovaciones
La semana pasada el flamante Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) aprobó en pleno sus estatutos orgánicos con los que funcionará operativamente. Se crearon dos nuevas unidades, una de competencia económica y la otra de política regulatoria. Son muchos los temas que el órgano regulador tiene que abordar. Desde lo señalado en la propia reforma constitucional que deberá cumplirse dentro de los próximos 180 días, hasta definir una regulación de largo plazo que permita fomentar condiciones de competencia en los mercados y propiciar que existan más y mejores servicios a precios más bajos.
Desde su nacimiento, el Ifetel ya se enfrentó con temas importantes que brotaron en la coyuntura. El hecho de que Dish, empresa de televisión satelital en la que Grupo MVS y Telmex son socios (al menos en la facturación y cobranza), haya decidido subir a su oferta programática de forma unilateral y gratuita las señales de televisión abierta de Televisa y TV Azteca, es un asunto de mayor envergadura que el Ifetel tendrá que definir a la brevedad. Otro asunto es el supuesto arreglo entre la SCT y concesionarios en la banda de 2.5 GHz para refrendar 60 MHz de espectro en esta banda. ¿A poco el Ifetel no va a decir ni pío en este asunto? ¿Pues qué no se supone que la administración y gestión del espectro radioeléctrico recae en el órgano regulador?
A eso hay que sumarle la transición a la televisión digital terrestre, el despliegue y uso de la banda de 700 MHz, las declaraciones de preponderancia de los agentes dominantes en los mercados, calidad de los servicios, regulación de contenidos, etc., la agenda de trabajo que tiene el Ifetel por delante está más que cargada. Si el Congreso no aprueba en las próximas semanas la ley secundaria que de rumbo y certeza a las decisiones del Ifetel, la agenda va a ser intransitable. Es vital que el órgano regulador cuente con la estructura legal que le de marco a sus resoluciones. De lo contrario podemos esperar muchos meses, hasta años, de litigios y estancamiento del sector.
Por cierto, y hablando de estancamiento, la reforma fiscal propuesta por el Ejecutivo federal apunta en este sentido para el sector de las telecomunicaciones. Permanece el IEPS del 3 por ciento, el IVA del 16 por ciento, lo que hace un impuesto al consumo del 19 por ciento en este tipo de servicios. Ahora también se quieren cobrar derechos por kilohertz (KHz) concesionado, en lugar de megahertz (MHz) como hasta ahora ha sido. Y por si fuera poco quieren cobrar 10 por ciento sobre los dividendos de las empresas de telecomunicaciones que cotizan en bolsa. ¿Así o más sangriento? Sobre todo en una economía que a cada rato tiene que ajustar sus expectativas de crecimiento a la baja. Son medidas contracíclicas que van a terminar por afectar sustancialmente a un sector que necesita desarrollarse.
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