Federico González Luna Bueno/ El Financiero
Como habíamos comentado en nuestra entrega anterior, el viernes 9 de agosto el Comité de Evaluación entregó al presidente de la República los quintetos con los que habrán de cubrirse las siete vacantes para comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Algunas personas ya han cuestionado el proceso, ¿qué tan sostenibles son las críticas?
Se cuestiona:
1. Que el Comité de Evaluación (integrado por quienes encabezan al Banco de México, al INEGI y al Instituto Nacional de Evaluación Educativa) ha actuado de manera opaca, ya que no ha existido información de quienes participan en el proceso ni cuáles han sido los resultados de su exclusión o del examen aplicado, según sea el caso.
2. Que se permitió que participaran personas que no cubrían los requisitos exigibles, pues se permitió que fueran calificados quienes mantenían vínculos con las empresas reguladas, lo que cuestiona la futura independencia del Ifetel.
3. Que el examen fue formulado de forma tal que no permite calificar los conocimientos verdaderamente importantes para fungir como regulador de las telecomunicaciones, con lo que se ha excluido a los auténticos expertos en la materia.
4. Que el proceso ha priorizado los curricula de los participantes en vez de sus logros profesionales.
5. Que la selección no debiera ser una cuestión de conocimientos sino que debiera buscarse que los próximos comisionados tuvieran valor de decisión.
A partir de estas consideraciones y otras más, se han enderezado una serie de críticas en contra del Comité de Evaluación y, principalmente, en contra de quienes hasta el momento aún tienen oportunidad de resultar seleccionados por el Ejecutivo y aprobados por el Senado para fungir como comisionados del Ifetel. Como es usual, muchas de estas críticas rayan en la calumnia, en lo grosero, en la desinformación y hasta en la falta de caballerosidad.
Para ser claros, no tenemos un problema de cuotas gremiales, de representatividad, ni de captura regulatoria, y no sé de cuantos demonios adicionales. En realidad estamos una problemática bastante más sencilla: varios de los críticos o de las personas afines a ellos tronaron el examen. El problema es de conocimientos (o de falta de ellos) y no del Comité de Evaluación, quien si bien debió proporcionar más información acerca de las decisiones que fue tomando a lo largo del proceso ello no implica que haya actuado de manera irregular o subjetiva. No hubo mala fe sino exceso de formalismo.
Pero no olvidemos que la materia de evaluación del Comité, por mandato constitucional, fueron los conocimientos y no la representatividad de cada aspirante, su ideología o su vinculación con tal o cual grupo de interés. El trabajo del Comité fue bastante simple: fijó requisitos, aplicó un examen e hizo propuestas al Ejecutivo; fue lo más objetivo posible pues se podían asumir los riesgos que implicaba el apartarse de ello.
Lo que más llama la atención de los críticos (de siempre) es que se hayan dado cuenta de tantas pifias y errores justo cuando no han alcanzado las calificaciones suficientes ellos o las personas que les son afines. Antes, durante el proceso, cuando se fijaron las reglas de que hoy se duelen e incluso cuando se aplicaron en perjuicio de otros, no hubo materia de crítica. No es sino hasta que las cosas no los favorecen cuando se percatan de tantas deficiencias. Olvidan que en su oportunidad firmaron por escrito un compromiso aceptando los resultados y las decisiones del Comité, que en todo caso serían inatacables.
Suponemos la razón de tanta crítica: influir en el Presidente de la República y en la Cámara de Senadores para que se cuiden de seleccionar y aprobar candidatos cuestionables a ojos de estos críticos o de los grupos que representan, en su caso.
Vemos que quienes menos creen en el proceso son los que más lo impulsaron en su momento. Quizá siempre pensaron que el proceso era lo de menos y que las cuotas estarían garantizadas independientemente de los conocimientos.
Abogado en telecomunicaciones.
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